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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassentefel, tiene ante sí un año ajetreado porque se vienen las elecciones judiciales y la posible realización de un referéndum para reformar la justicia, impulsado por juristas independientes mediante la firma de libros. ¿Cómo se administrarán ambos procesos sin que exista colisión? Hassenteufel, en esta entrevista con Página Siete, considera que no habrá colisión porque, según los pasos que debe seguir, el referéndum antes de su realización, podría estar listo para diciembre, mientras que las elecciones judiciales serán en octubre.
Eso quiere decir que el país tendría que elegir magistrados sin reformas y, por eso, Hassenteufel, a título personal, propone que se haga una ley que permita a entidades no partidarias seleccionar a los candidatos a magistrados con carácter vinculante para despolitizar el proceso y para que la Asamblea simplemente los ratifique. Es más o menos lo mismo que quieren hacer los juristas, pero con reforma constitucional.
En la entrevista, el Presidente del TSE también habla de la redistribución de escaños, de la credibilidad del Órgano Electoral y otros temas.
Se vienen las elecciones judiciales en medio de una crisis judicial. ¿Qué representa eso para el Órgano Electoral?
El tema de las elecciones judiciales es el trabajo más importante que debe desarrollar el Órgano Electoral este año. Es sumamente importante porque el país no puede estar sin tener los tribunales bien constituidos y los integrantes de estos tribunales deben prestar juramento el 2 de enero del 2024, por tanto, este proceso debe estar concluido en todas sus etapas hasta el mes de diciembre de este año.
¿Han analizado escenarios de posible conflictividad e incluso un boicot al proceso electoral?
Sí, es probable que haya algún problema pequeño, regular o grande porque la ciudadanía ha perdido totalmente la confianza en el Órgano Judicial y los administradores del Órgano Judicial. Hay permanentes quejas, críticas, cuestionamientos, pero no se ha planteado hasta ahora una solución. El grupo de juristas independientes está intentando modificar la Constitución parcialmente para hacer posible una reforma a la justicia, pero no es suficiente mejorar la designación, creo que hay que ver el tema de infraestructura, de las remuneraciones, de la carga procesal, hay un escenario muy grande. Creo que el problema es mucho más grande que la simple elección o designación de los altos magistrados.
¿No va a haber una colisión de procesos electorales tomando en cuenta que los juristas están buscando una reforma vía referéndum y las elecciones son también un proceso electoral?
Es una excelente pregunta y preocupación porque, de acuerdo a las normas vigentes, los juristas independientes tienen 90 días para recolectar las firmas. En teoría esto debe hacerse hasta el 26 de abril, asumiendo que pudieran hacerlo incluso en un plazo menor, esas firmas recolectadas deben ser revisadas por el Órgano Electoral para comprobar que son auténticas. Ese trabajo, no tengo el dato exacto de cuánto puede demorar, pero va a demorar dos, tres o cuatro semanas, eso debido a que tenemos equipos que se adquirieron el año 2010 y su capacidad es cada vez más limitada. Ahí hay un tiempo, luego debe enviarse todos los antecedentes al Tribunal Constitucional, que tiene sus tiempos, su carga laboral es muy grande, despacha miles de causas cada año, hasta donde tengo conocimiento nada que llegue al Tribunal se despacha antes de los tres, cinco o seis meses. Creo que no es fácil que haya una colisión de los dos procesos, pero, además, luego tiene que ir a la Asamblea, tiene que emitirse una ley que convoque a un referéndum, es probable que, apurándose y venciendo etapas, podamos tener esto a fines de año, por lo que no sé si pueda haber una colisión, no lo puedo ver.
¿Las elecciones judiciales para cuándo están previstas?
En octubre deberíamos hacer las elecciones judiciales.
¿Eso significa que va a haber elecciones judiciales antes que la reforma judicial?
Parecería que sí. Nunca podemos afirmar nada, sobre todo en nuestro país, pero todo indica que vamos a poder hacer la elección sin que haya una colisión con este otro proceso por todo el procedimiento que hay que seguir.
Sin embargo, sociedad civil, la oposición, los activistas, los juristas no quieren ir a una elección judicial sin hacer previamente la reforma porque se va a elegir magistrados con la vieja norma y la crisis se va a prolongar otros seis años. ¿Cómo ve eso?
Yo creo que deberíamos pensar en una solución mucho más rápida. Le voy a dar una idea personal. Creo que el tema de debate, el núcleo del problema está en el proceso de selección que hace la Asamblea Legislativa (…) y mientras sea la Asamblea la que haga esa selección o la designación como era antes (en el antiguo Congreso), siempre va a haber una sospecha de que hay una influencia política de por medio. En las dos elecciones anteriores, en la Asamblea había una organización política que tenía los dos tercios y podía seleccionar a los que ellos decidían, la situación ahora es diferente, ahora nadie tiene esos dos tercios, pero igual se pueden hacer acuerdos. Ojalá sea posible, no vaya a ser -porque es un riesgo- que no tengamos elección judicial porque la Asamblea no selecciona a los postulantes, ojalá se llegue a consensos. Lo que debíamos hacer es modificar el método o sistema de selección, creo que se puede hacer en una etapa previa y eso puede hacerse mediante una ley que diga que la preselección se hará de esta manera, por ejemplo, serán las universidades, mediante las facultades de derecho, los colegios de abogados, las organizaciones sociales, los que harán la calificación de méritos y envíen la lista a la Asamblea Legislativa con carácter vinculante y, la Asamblea Legislativa, como tiene un mandato constitucional, hace la preselección, pero ya de una lista que ha sido revisada por otro tipo de instancias, donde la influencia política queda un poco eliminada. Creo que ése sería un camino mucho más rápido, que nos permitiría cambiar el sistema, porque el tema está en el método y el sistema de selección que está hecho exclusivamente por la Asamblea.
¿Para eso no haría falta una reforma constitucional?
No hace falta una reforma constitucional, basta con establecerlo con una ley.
La reforma que plantean los juristas no prevé suprimir a la Asamblea del proceso de selección, sino poner una comisión por delante. Entonces, ¿lo que plantea usted es lo mismo, pero con una ley?
Casi es lo mismo.
Respecto a las elecciones judiciales, en los anteriores procesos, el voto blanco y nulo llegó a sumar 60%, ¿eso no le resta legitimidad a un proceso?
Incluso más del 60%. En nuestra norma, los votos nulos y los blancos no se cuentan, sólo se cuentan los votos válidos; en consecuencia, puede ser un error esa consigna que se lanzó en los dos períodos por el voto blanco y nulo porque impidió que alguna gente con muchos méritos hubiera podido ser elegida, pero por la consigna del voto blanco y nulo ganó el voto útil.
¿Usted entonces convocaría a votar válido a la ciudadanía?
Yo diría que la gente debe votar y desde ahora debería estar mentalmente preparada para hacerlo.
¿Es mejor eso que boicotear un proceso?
Es lo que pasó con la consigna del voto nulo cuando se hizo el referendo para aprobar la Constitución y al mismo tiempo se consultó cuál sería la extensión máxima para la propiedad agraria, la gente votó nulo o blanco en alto porcentaje. La Constitución en su conjunto fue aprobada por más del 60% y el punto sobre la extensión de la propiedad fue aprobado por más del 90%. Ese voto blanco y nulo es perjudicial, no resuelve nada, puede favorecer a la otra opción.
Tras las elecciones de 2019, el TSE ha quedado muy mal parado. ¿Usted diría que se ha recuperado la credibilidad o todavía se está trabajando en eso?
Esa experiencia negativa del año 2019 ciertamente fue un golpe muy duro para el Órgano Electoral, no es fácil recuperar la confianza ciudadana. En estos tres años que llevamos los actuales integrantes del Tribunal Supremo y de los tribunales departamentales, hemos hecho esfuerzos para avanzar en esa recuperación, pero no lo hemos logrado todavía, eso lleva tiempo, hay que seguir trabajando sin ninguna duda.
Incluso, cuando ya los nombraron a ustedes, hubo grupos que pusieron en duda la elección de Luis Arce porque consideraban que el TSE podría tener una afinidad con el MAS. ¿Qué puede decirles a ellos?
No es verdad. Más allá de las ideas que puede tener cada uno, que es muy respetable, ninguno de los integrantes del Órgano Electoral es militante activo de una organización política, porque la propia ley y la Constitución no lo permite. Somos tan desconfiados en este país que para integrar el Órgano Electoral no hay que tener militancia política, no hay que tener parientes cercanos que sean dirigentes políticos; o sea, hay que buscar angelitos caídos del cielo, todo eso es producto de la desconfianza.
Una de las razones de esta desconfianza radica en el padrón electoral. ¿Hay motivos para que la gente desconfíe del padrón?
La verdad es que no. Honestamente no hay ninguna razón para que la gente desconfíe del padrón. El padrón es un instrumento absolutamente confiable como lo ha certificado la Organización de Estados Americanos en la auditoría de 2017.
¿Eso quiere decir que no se hará ningún proceso de ajuste o verificación?
No. El padrón se actualiza permanentemente porque la ley así lo dispone. Todos los fallecimientos se van registrando y se elimina esa persona. Los ciudadanos que cumplen 18 años también se van registrando a través de un proceso de empadronamiento permanente.
Otra de las tareas que va a tener el Órgano Electoral es la reasignación de escaños antes de 2025. ¿Para entonces han previsto conflictividad, tomando en cuenta que sólo por la fecha del censo hubo gran confrontación?
Sí, y menos mal que creo que todos nos escucharon cuando dijimos que necesitamos la información hasta esta fecha (septiembre de 2024) porque necesitamos tiempo para trabajar en lo que corresponde. El trabajo técnico de delimitación de circunscripciones o asignación de escaños es relativamente fácil; el tema no pasa por esa dificultad técnica, el tema es que hay intereses, ninguna región quiere perder un escaño, todos quieren ganar, ahí habrá el problema de tipo social, político; pero ése es un tema que va a tener que ser resuelto por la Asamblea, que es la que debe aprobar, mediante ley, el trabajo técnico que hagamos nosotros. Eso puede llevar tiempo, por eso hemos planteado nosotros un escenario temporal muy claro. Nuestro sistema está planteado de esa manera, en el sentido de que tenemos un número fijo de diputados; en EEUU no hay ese problema, porque si aumenta la población en un estado, automáticamente aumenta la representación, no hay un límite. Quizá deberíamos pensar para el futuro en un sistema más o menos parecido.
Puede pasar eso después de que se conozcan los resultados del censo y decidan aumentar la cantidad de parlamentarios con una reforma constitucional. ¿En ese caso no se aplicaría para el 2025 el resultado, no?
Usted es muy acuciosa, pone el dedo en la llaga. Tenemos problemas porque nuestras leyes han sido pensadas con la mejor intención, pero no han pensado en estos elementos que van apareciendo. Los legisladores pensaron que los departamentos más pequeños con menor población no queden sin representación. Por eso Pando; por ejemplo, tiene una representación que no responde a la población, en aplicación a otros criterios como la equidad.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//