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Tras la firma del acuerdo para la atención a los sobrevivientes de la época de la dictadura militar de 1964 a 1982, el régimen de Luis Arce ya comienza a hablar de resarcir a “otras víctimas” de “gobiernos no constitucionales” para tratar de equiparar al gobierno de transición de 2019 en la categoría política “de facto”.
El acuerdo firmado el domingo entre la administración de Arce y su ministro de Justicia, Iván Lima, con los sobrevivientes de las dictaduras militares, representados por Victoria López, Víctor Calla, Constantino Lima y Carmen Murillo, con lo cual se puso fin a la vigilia de diez años y cinco meses que ese grupo de personas, adultos mayores, desarrolló en las denominadas carpas de El Prado paceño.
Este lunes, el viceministro interino de Justicia y Derechos Fundamentales, Marco Gonzales, en entrevista con la red Erbol, anticipó que los acuerdos abarcarán a todas las víctimas de los “gobiernos no constitucionales”, y ante la pregunta de que si aquello significaba incluir el periodo del 12 de noviembre de 2019 al 10 de noviembre de 2020, el funcionario respondió de forma afirmativa.
“Estamos considerando aquello para no dejar solas a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba”, dijo.
Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran la presidencia de Jeanine Áñez como un gobierno “de facto”, pese a la sucesión constitucional que se registró durante las jornadas de noviembre de 2019, tras la renuncia colectiva de Evo Morales y su séquito de funcionarios llamados a asumir el mando del Ejecutivo.
Después de ganar las elecciones y retomar el poder, el MAS a través de sus operadores políticos y judiciales activó una serie de procesos contra toda la oposición que asumió funciones durante un año.
Son conocidos los casos “golpe I” y “golpe II” que apuntan a las figuras de sedición, terrorismo, conspiración para el primero, y de incumplimiento de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución para el segundo. De ese último ya se dictó sentencia de diez años de cárcel contra Áñez y los mandos militar y policial de esa etapa, sin haber considerado los descargos de la defensa, como la Declaración Constitucional 003/2001 que avaló el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la sucesión a una presidencia transitoria.
Sobre los acuerdos logrados con las víctimas de la dictadura militar, Gonzales dijo que se hará una revisión extraordinaria del proceso de clasificación de los expedientes, que no implica una recalificación para evitar revictimizar a los sobrevivientes de la era 1964 a 1982.
La revisión se realizará en el plazo de un año y para ello, dijo, se pondrá a disposición a todos los funcionarios de esa cartera de Estado porque se estima que son 4.463 personas las que forman parte de ese grupo de las carpas de El Prado.
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