El Gobierno del presidente Rodrigo Paz logró, en el marco de su política de diálogo, 18 acuerdos con organizaciones, sindicatos y sectores sociales, para atender y solucionar demandas que no fueron atendidas por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 20 años de gestión gubernamental.
De acuerdo con el reporte oficial, Paz comprometió estos acuerdos a pesar del contexto de bloqueos protagonizados por seguidores de Evo Morales, sobreponiendo el diálogo por encima de los “violentos” para pacificar el país y así, ejecutar pronto, los planes de desarrollo y superar la crisis económica que están agravando la interrupción de carreteras.
El 2 de abril, el Presidente acordó con los Comités Cívicos Provinciales de Beni, La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Tarija y Cochabamba (que acogen a 219 municipios), elaborar leyes para la reactivación económica.
El 7 de abril, acordó con la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) impulsar un marco normativo que promueva la inversión, para que los productores “hagan negocios y no el Estado”.
El 23 de abril, con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), se acordó una ley corta para que las comunidades legalmente asentadas en territorios indígenas ancestrales son inalienables, imprescriptibles, indivisibles e inembargables, pues no pueden ser objeto de venta.
El 24 de abril, con gobernadoras y gobernadores electos, se inició una agenda enfocada en la autonomía y desarrollo regional, “la principal filiación no es la partidaria; la filiación son las soluciones por Bolivia”, afirmó el primer mandatario.
El 27 de abril, acordó con las cooperativas mineras y auríferas, las condiciones para el funcionamiento del sector, con aspectos operativos y abastecimiento de insumos.
Ese 27 de abril, también logró un acuerdo con la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), que cumplía medidas de presión.
Entre el 4 y 5 de mayo, cerró acuerdos con transportistas de Los Yungas de La Paz; y también se declaró un cuarto intermedio con los mototaxistas de Santa Cruz.
El 5 de mayo, se dialogó con la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz, la dirigencia de taxis y radiotaxis, y el transporte pesado, quienes decidieron no acatar un paro del autotransporte nacional y no sumarse a los bloqueos.
El 6 de mayo, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y las federaciones departamentales de autotransporte, suspendieron las medidas de presión ya que, el Gobierno garantizó el abastecimiento continuo y permanente de diésel y gasolina. Se invertirá $us 150 millones para mejorar las carreteras.
Con YPFB y aseguradoras de vehículos, se definió el resarcimiento a dueños de vehículos que tuvieran daños ocasionados por la gasolina.
Con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el Ejecutivo gestionó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la abrogación de la Ley Nº 1720, para elaborar una nueva norma con participación de los involucrados.
También se incorporó 3.000 ítems en Educación y 2.300 en Salud, además de internet satelital en más de 4.000 unidades educativas, y becas para educación superior, de las que un 20% serán destinadas al sector campesino.
El 8 de mayo, con la Federación de Gremiales Wiñay Pacha, se consolidó el compromiso “Gas para La Paz”, para elaborar una nueva ley de hidrocarburos que garantice el 11% de regalías para el departamento.
El 9 de mayo, se realizó en Cochabamba el Gran Encuentro Nacional, con organizaciones sociales, gremiales, transportistas, empresarios, alcaldes, gobernadores y parlamentarios de distintas fuerzas políticas. Se definió, además, una agenda legislativa para enfrentar los problemas económicos y sociales del país.
El 23 de mayo, con Adepcoca se comprometió varios proyectos y la construcción de un hospital con equipamiento. El beneficio llegará a 46.000 socios y a 250.000 personas, incluyendo a sus familias.
El 15 de junio, con las organizaciones Túpac Katari y Bartolina Sisa de Caranavi, se estableció una agenda para impulsar obras y proyectos de desarrollo, como el camino Santa Bárbara – Caranavi, electrificación, vivienda, puentes y proyectos productivos.
El 16 de junio, con la dirigencia de la Central Obrera Departamental (COD) Santa Cruz, se decidió privilegiar el diálogo y frenar la secuencia: “bloqueos, pérdidas económicas, cierre de empresas, despido de trabajadores”.
También el 16 de junio, con la Alcaldía de El Alto se consolidó una cartera inicial de proyectos que contemplan una inversión de Bs 260 millones, para infraestructura urbana, educación, salud, agua, conectividad vial y servicios básicos.
De la misma forma, se concretó otro convenio intergubernativo para la construcción de la avenida Periférica, que unirá los distritos 3, 4, 5, 8 y 12, y será parte del Corredor Bioceánico; la construcción del tramo Cruce Villa Adela – San Martín, que beneficiará a los distritos 2 y 3 y a Viacha; la ampliación de la carretera a Laja, que beneficia a los distritos 7 y 14; y la instalación de luminarias que reforzarán la seguridad ciudadana en la urbe.
Asimismo, el 17 de junio, con los mineros de Huanuni, se acordó fortalecer la minería estatal, con normas que atraigan inversiones y promuevan el crecimiento del sector, para, de esta manera, generar empleos estables.
El 18 de junio, se firmó en La Paz un acuerdo con la Federación de Choferes 1º de Mayo y la Federación Chuquiago Marka. Una semana antes, el jefe de Estado anunció un fondo de garantía de Bs 1.000 millones destinados a créditos para los choferes, además de la reprogramación y refinanciamiento de deudas con la banca.
En la noche de este jueves 18 de junio, Paz Pereira firmó un acuerdo que atiende un pliego de 20 peticiones del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, donde uno de los compromisos aclara que “ninguna empresa minera estatal será privatizada”.
//FUENTE: ABI//
