CARLOS ARMANDO CARDOZO
La última visita de María Galindo a dependencias del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), oficina que se encarga únicamente de la distribución del subsidio prenatal y lactancia, a solicitud de un grupo de 100 madres organizadas escandalizadas con el maltrato y ninguneo de sus dependientes ratifica nuevamente la incompetencia que el Estado tiene al intentar hacer algo ligeramente relacionado a la economía.
Las madres movilizadas denunciaban un sobreprecio escandaloso en la lista de precios oficial del SEDEM en comparación a los precios de mercado. Los dependientes (todas mujeres por cierto) arrinconados por la ola de preguntas incómodas se limitaron a justificar la diferencia de precios a un tema de calidad, dando por sentado que la comparación que hacían las madres era equivocada y tendenciosa justamente por ser “incapaces” de reconocer las características superiores de un producto en comparación al otro.
El mensaje era claro: señoras consumidoras ustedes no saben qué es lo que les conviene comprar, en cambio nosotras las burócratas con 3 maestrías y años de experiencia tenemos el conocimiento de sobra para reconocer un producto de calidad superior. Más allá de los aires de superioridad con la que las funcionarias trataban de minimizar las quejas, todas válidas por cierto, de las mamás movilizadas, indigna evidenciar que existe el convencimiento que el Estado está facultado a velar por los intereses del individuo mejor que este.
La fatal arrogancia con la que desfilaba funcionario tras funcionario de una dependencia intermediaria que incurre en el agio institucionalizado, el verdadero delito por constituirse disimuladamente en distribuidor único de este beneficio. El especulador no es ese panadero que sube el precio de su producto por encima del mercado por el encarecimiento de sus insumos, el verdadero especulador es el monstruo de institución que sin competir se hace con el mercado por decisión del poder político.
Las madres fueron claras al señalar que ya no tienen alternativas para recibir el beneficio porque los pocos supermercados que hacían un buen trabajo fueron relegados por MAS instancias estatales.
Hay una diferencia irrefutable entre competir y dejar que el consumidor elija la que a su criterio es la mejor opción y eliminar a la competencia para someter al consumidor a elegir su opción inevitablemente incluso contra su voluntad. Otros principios tan básicos que los burócratas trataron de eludir fueron puntualizados por Maria Galindo: una institución de distribución estatal se entiende que llena sus almacenes en grandes volúmenes, por tanto el precio al que adquiere los mismos son menores a los que se ofertan directamente al consumidor final en el mercado. ¿Cómo es posible que un supermercado privado sea capaz de ofrecer precios minoristas más bajos que la instancia pública encargada de distribuir a todas las beneficiarias teniendo esta un trato directo con el productor?
“Es que no es el mismo producto, es de mejor calidad” ¡Andá! El sobreprecio permite que el Estado financie la contratación de militantes/profesionales de altos grados académicos, pague los costos de funcionamiento y pongamos la asesoría de alto nivel que las mamás reciben al no tener idea de que alimentos son los más convenientes para sus hijos, siendo positivos y bien pensados. Ahora la realidad muestra sin lugar a equivocación que los sobreprecios mantienen una burocracia innecesaria que alarga distancias entre el productor y el consumidor para dar más empleos/pegas a sus correligionarios.
Lo lamentable es que conceptualmente es innecesaria la intermediación del Estado, dado que el sistema de aporte patronal y del trabajador es similar al de los seguros. El pago de una prima que le garantiza que en caso de suceder un hecho ante el cual usted está protegido el seguro se active en las condiciones que se contrato y usted reciba los beneficios conforme fue estipulado entre las partes.
El subsidio prenatal y de maternidad tiene una mecánica similar, sin embargo es el Estado quien decide las condiciones en las que las madres recibirán el beneficio. La lista de productos la arma el Ministerio de Salud y Deportes y probablemente hagan un gran trabajo eligiendo aquellos productos con mayor valor nutritivo que tengan los componentes necesarios para la madre.
Pero es inmoral imponer a las madres a consumir una lista de productos, pagados por ellas y sus empleadores, so pretexto que ellas no están calificadas para velar por su propia salud y la de sus hijos.
El cruce de palabras aireado entre una funcionaria jerarca y María Galindo dejo esta frase: “No voy a dejar que manches la dignidad de esta institución”. Las instituciones no tienen dignidad, es una cualidad humana que justamente es inherente al ser humano, ese tipo de confusiones desnuda el grado de idealización de ciertos funcionarios jerarcas que dan vida a un ente abstracto y lo elevan al mismo nivel que a su familia de ahí el grado de indignación cuando se los interpela. ¿Es ese el prototipo de ciudadano plurinacional descolonizado despatriarcalizado que promueven?
Si tener 3 maestrías, años de experiencia en cargos jerárquicos y un sueldo por encima de los 12.000 Bs. no te permiten reconocer el problema y empatizar con otro ser humano que depende de ese subsidio para alimentar a toda su familia es que en definitiva no eres un ser humano pensante y crítico, eres un engrane MAS de la maquinaria burócrata con la que empatizas, le dicen Estado.
CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21