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Este viernes se produjo una de las jornadas más violentas en la historia reciente de Santa Cruz con la intervención de funcionarios públicos, grupos de choque corporativos aliados al MAS y la represión policial contra el paro cívico por el censo 2023. En respuesta, jóvenes cruceños quemaron la sede de la Federación de Campesinos que forma parte del denominado “Pacto de Unidad” masista.
El segundo anillo fue escenario de la marcha de los gremialistas que pedían levantar el paro cívico para volver a vender sus productos. “Nosotros vivimos al día, el hambre no espera, el censo va a darse con consenso, pero el gobernador Camacho tiene que levantar el paro”, decía uno de los dirigentes.
La marcha gremial, sin embargo, tenía al frente a grupos de choque masistas. Videos de redes sociales captaron la presencia de varios funcionarios gubernamentales como el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Roberto Flores, o el director de comunicación del Ministerio de Gobierno, Daniel Llorenti, cabecilla de los llamados “columna sur”.
La violencia se desató con el desbloqueo que rompía banderas tricolor y cruceñas, cortaba cables y pitas y levantaba todo a su paso. Vecinos denunciaron que había “palomillos”, es decir, indigentes, pagados para robar todo lo que podían en los puntos de vigilia, como sillas, termos, ollas, ropa.
La indignación se acumuló con la represión policial a los vecinos, como si los uniformados fueran escoltas de la marcha masista. Trabajadores de la prensa también fueron agredidos por los grupos masistas, un reportero de Unitel y un camarógrafo de El Deber sufrieron golpes y el destrozo de una cámara. Solo la reacción inmediata de los propios colegas de cobertura evitó daños mayores.
Pasado mediodía llegaron refuerzos policiales con una carga de gases lacrimógenos para reprimir a los vecinos. Los efectivos policiales decían escuetamente, “estamos tratando de evitar enfrentamientos”. Asimismo, una ambulancia fue utilizada para llevar petardos y trasladar a encapuchados a los puntos de enfrentamiento.
La reacción de los vecinos que apoyan el paro por el censo 2023 llevó a grupos juveniles a tratar de llegar a la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, ubicada en la avenida Irala del segundo anillo.
La barricada policial fue superada en la tarde y la gente comenzó a atacar ese predio quemando llantas y lanzando petardos al interior de esa sede sindical que fue la que convocó al cerco a Santa Cruz. Dentro de la sede también se encontró una gran cantidad de gases lacrimógenos.
Luego se produjo el ingreso a la sede de la Central Obrera Departamental (COD) del oriente con más destrozos a las oficinas, mientras la policía se reagrupaba para reprimir a los marchsitas.
El gobernador Luis Fernando Camacho deploró la violencia estatal y la represión policial.
En conferencia de prensa, exhortó al Ministerio de Gobierno a apresarlo a él, pero “dejar de reprimir al pueblo cruceño” que lo único que pide en los 21 días de paro es la realización del censo en 2023. En la tarde, el líder de la alianza opositora Creemos, se dirigió al Comando Departamental para pedir a los policías que no protejan a las “marchas delincuenciales” que solo provocan y causan violencia en Santa Cruz.
Por su parte, desde el masismo, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, salió en conferencia de prensa a exigir “mano dura” al gobierno de Luis Arce, para detener a Camacho y a quienes causaron destrozos en la sede de los denominados interculturales, porque, dijeron, “había niños, niñas, mujeres y personas mayores” al interior de ese predio.
Las representantes Bartolinas anunciaron procesos legales contra el gobernador y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, además de sugerir al Ejecutivo tomar “medidas de excepción” para intervenir la capital oriental.
Otro grupo masista se dirigió al edificio de la Cainco, montados en una camioneta con llantas que fueron lanzadas a la puerta, quemando una de ellas. La movilidad, aseguró el gobernador Camacho, pertenece a la esposa de un concejal del MAS.
Al entrar la noche todavía había enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad y las alarmas ya se prendían en el Plan 3.000 con la denominada resistencia “la Campana” que hace prever mayor violencia y tensión para las siguientes horas.
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