El Congreso francés aprobó de forma definitiva una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal, que le otorga años de prisión y severas multas a los padres que no quieran autorizar a sus hijos a cambiar de género.
Esta semana, el presidente Emmanuel Macron firmó y puso en efecto una ley que envió a la Asamblea Nacional y fue aprobada en tiempo récord, que ilegaliza las terapias de conversión sexual, pero con un lenguaje tan amplio que el mero hecho de rechazar que tus hijos menores se cambien de sexo implica un delito a partir de ahora.
La ley fue redactada por la ministra de Igualdad de Macron, Elisabeth Moreno, y presentada por el partido oficialista La República en Marcha. El pasado 27 de enero fue aprobada por unanimidad, por 143 votos a favor y ninguno en contra, aunque hubo 430 diputados que se ausentaron a la votación.
Moreno calificó a las terapias de conversión como “la antítesis de nuestros valores republicanos”, y sancionará a quienes las practiquen con multas de hasta 30.000 euros, dos años de prisión y la quita de la patria potestad en caso de que sea un padre con su hijo.
En síntesis, la ley le quita el poder a los padres de decidir sobre sus hijos menores de edad, y éstos pueden requerir un cambio de sexo sin la autorización de nadie, y sin costo, ya que pueden hacerlo en el sistema público de salud, y los médicos no pueden rechazarlo porque también quedarían sujetos a esta legislación.
La medida ha desatado múltiples protestas, no sólo de sectores católicos sino de médicos y psiquiatras que advierten la peligrosidad de que no se incluya a los padres en la decisión del cambio de sexo.
Hasta el momento, los padres debían firmar y autorizar un cambio de sexo, luego de realizar una consulta psicológica para evaluar si la operación es adecuada o no para el caso específico, donde también aparecía la firma del analista que atendió el caso. Esto generaba una importante serie de pasos que le brindaban una enorme seguridad en cuanto a la salud mental de los pacientes.
Lo más preocupante de la ley, es que no usa el término “sexo” si no “género autopercibido“, por lo que simplemente un padre diciéndole a su hijo varón que no puede ponerse un vestido, lo expone a que sea denunciado y se le quite la patria potestad.
Los sectores tradicionalistas y el clero francés advierten que venden esta ley bajo una falsa bandera de ampliación de derechos LGTB+, cuando en realidad lo que busca es dejar a los niños indefensos y anular la protección de padres y profesionales.
Al incluir a la identidad de género en el texto, protestó el Observatoire la Petite Sirène, un colectivo que reúne a médicos, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas infantiles, diciendo que “ya no podremos cuidar a menores que sufren disforia de género”.
Como explica la jurista Olivia Sarton, en la ley “no hay distinción entre menores y adultos y los problemas de las dos categorías de personas no son los mismos”.
El sector sanitario afirma que “se corre el riesgo de encerrar a los jóvenes en una identidad que quizás no fuera más que la expresión de sus dificultades, muy comunes también en la adolescencia”. En lugar de actuar prematuramente con bloqueadores de la pubertad, las dificultades de los jóvenes deben ser tratadas con “psicoterapia” para darle al niño la oportunidad de “comprender verdaderamente cuáles son sus problemas y lo que realmente quiere”, antes de tomar una decisión de la que no hay retorno.
Lo cierto es que los niños reciben educación sexual con identidad de género en la mayoría de las escuelas y en diversos ámbitos. Siendo tan pequeños y sin tener la personalidad y la identidad formada, son permeables a todo estímulo externo, lo cual puede provocar una disforia de género que no sea más que parte del proceso natural de maduración. Ahora esos niños no tendrán ni a sus padres ni a los profesionales especializados para protegerlos de una decisión de la que se pueden arrepentir y que cambiará sus vidas para siempre.
//FUENTE: LA DERECHA DIARIO//