.
Redacción VISOR21
La Fiscalía admitió dos denuncias por incumplimiento de deberes, nombramiento ilegal de funcionarios y la emisión de resoluciones contrarias a la ley en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Según la denuncia del abogado Nelson Carpio, el principal responsable es el exdirector de esa entidad, Celier Arispe, expiloto del avión presidencial en la gestión de Evo Morales.
“Se notificó con un auto de inicio de sumario administrativo Nº 041, en el que participaron José Iván García Terceros (actual director de la DGAC) entre otros, ya que los mismos realizaron nombramientos ilegales sin cumplir el perfil solicitado”, señala parte del resumen del caso en el sistema de la Fiscalía, registrado el 23 de mayo.
La denuncia fue presentada por Carpio, quien también es exfuncionario de la DGAC. Además de Arispe, el abogado también señala a altos funcionarios de esa institución, como cómplices de los nombramientos ilegales de cinco personas, cuyas contrataciones causaron un presunto daño económico al Estado de al menos un millón de bolivianos.
El 13 de julio, Carpio presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, en relación a la designación de los directores interinos de la DGAC. Según la explicación del abogado, ambos casos también fueron puestos a conocimiento del Viceministerio de Transparencia.
La DGAC es dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que está a cargo de Edgar Montaño. Según los documentos presentados ante la Fiscalía, esa cartera de Estado no asumió medidas penales en los presuntos hechos de corrupción, pese a que en ambos casos se tiene como antecedentes sumarios administrativos en los que, de acuerdo a la explicación de Carpio, se evidencian las irregularidades y se señala a los responsables.
Nombramientos ilegales
En el primer caso, los denunciados son Arispe, actual representante de Bolivia ante el Consejo de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI); el actual director de la DAGC, José Iván García; el jefe de gestión de talento humano, Jorge Hernán Alarcón Gamarra y el responsable subregional del aeropuerto de Oruro, Rafael Gonzalo Méndez Orellana.
Como antecedente se tiene que, en septiembre de 2022, el responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Alejandro Cabrera, instruyó el inicio de 15 sumarios administrativos contra cinco personas que ingresaron a trabajar a la DGAC en 2018. Los funcionarios no contaban con la formación profesional, pero firmaron contratos a solicitud directa de sus superiores.
El sumario administrativo iniciado por Cabrera, en su resolución final, confirmó varias irregularidades cometidas durante esas contrataciones. Sin embargo, por medio de otra resolución SAI – ALP/RF 050, Cabrera determinó prescribir los procesos y dejar sin sanción a los implicados, incluidos Arispe y García.
Consultado por los medios, el actual director de la DGAC señaló que no daría declaraciones sobre el tema, mientras los casos estén en proceso de investigación en la Fiscalía. Sin embargo, negó que la resolución de Cabrera evidencie alguna irregularidad, en el caso de los nombramientos.
Carpio impugnó la resolución emitida por Cabrera, porque en su criterio, el documento final confirma que las personas contratadas no cumplían con los requisitos académicos y los años de experiencia. El abogado admite que el proceso administrativo prescribió, “por la dilación y negligencia con la que se actuó desde el Ministerio de Obras Públicas”.
No obstante, al tratarse de un hecho de corrupción “que causó un daño económico al Estado, por pagar sueldos a personas que no cumplían los requisitos”, el caso debió ser enviado ante la fiscalía por ser un hecho de corrupción comprobado, señaló Carpio. Esta observación se la hizo conocer a Cabrera, pero, de acuerdo con una nota del Ministerio de Obras Públicas, este se negó atender la denuncia -sobre la prescripción- y al contrario, cuestionó “cuál es el interés legal que (Carpio) tiene al respecto”.
Resoluciones ilegales
En el segundo caso, Carpio denunció a Arispe, García, al actual director Jurídico de la DGAC, Marco Antonio Nina; el funcionario Wilfredo Fernández y la exfuncionaria Judith Vera. El detalle del documento presentado ante la Fiscalía señala que, entre octubre de 2021 y octubre de 2022 se emitieron, al menos nueve resoluciones contrarias a la ley.
Nina, Fernández y Vera, señala Carpio, emitieron recomendaciones para la designación interina de García durante la ausencia de Arispe, quien, durante su gestión en la DGAC tuvo que salir de viaje al exterior en esas oportunidades. El abogado denunciante afirma que García no cumple los requisitos para estar en el cargo y que pese a ello continúa en funciones.