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No descartan que los ejecutivos de la empresa Luna Llena hubieran planificado el cierre del medio de comunicación. Las deudas son de diferente índole, desde finiquitos de 2020, hasta siete salarios antes de la repentina despedida; también se denunció el giro de cheques sin fondos
Redacción VISOR21
Extrabajadores y experiodistas del diario Página Siete, cerrado el 29 de junio, presentaron una demanda laboral y publicaron un pronunciamiento titulado “El lado oscuro de la tormenta perfecta” que explica los motivos que los obligaron a asumir esa medida legal. El proceso se abrió contra los representantes legales de la Empresa Editorial Luna Llena, firma dueña de la marca del periódico, Raúl Garáfulic y Carlos Saravia, a quienes se les reclama el pago de salarios, finiquitos y otros beneficios sociales que, en algunos casos, se adeudan desde 2020.
“Nos vemos en la necesidad de iniciar este proceso laboral con el fin de hacer respetar los derechos de trabajadores y periodistas de este prestigioso medio de comunicación, quienes piden lo justo, el pago de sus salarios y beneficios sociales. Debemos recordar que, hasta el día del repentino cierre de Página Siete, 70 trabajadores continuaron con su labor diaria, pese a no percibir sueldos, en algunos casos hasta por siete meses, convencidos de que los ejecutivos cumplirían los compromisos que por varios meses sostuvieron, una reestructuración y el pago total de la deuda”, informó el abogado Álvaro Vásquez, representante legal de 22 de los extrabajadores del medio de comunicación.
Los demandantes detallaron que al menos desde 2019, varios de ellos “se pusieron la camiseta” y asumieron diferentes medidas para evitar gastos a la empresa. Posteriormente, en 2020, durante la pandemia de la Covid -19, el 90% del personal modificó su rutina con el teletrabajo y solventó los gastos de energía eléctrica, uso de equipos telefónicos, computadoras y celulares, renunció al cobro de los bonos de movilidad e incluso adquirió deudas para la atención médica particular de ellos mismos y sus familiares, esto último porque la Editorial Luna Llena no pagaba las cuotas que descontaba de los salarios para el aporte a la Caja Nacional de Salud (CNS). La situación se agravó desde mediados de 2022 hasta el cierre del periódico.
El abogado señaló que, desde el 29 de junio, cuando Garáfulic cerró el medio de comunicación, inhabilitó la página web y expulsó de la administración de sus redes sociales a los periodistas; ellos, al contrario de hacer justos reclamos, demostraron su predisposición a una conciliación e incluso se llegó al extremo que algunos afectados expresaron que estaban dispuestos a renunciar a su finiquito (tres meses de sueldo) y recibir solo el pago de un 22% de todos sus beneficios sociales.
La postura surgió luego de varias reuniones virtuales, en las que Garáfulic insistía en que éstas debían ser confidenciales, y en las que aseguró que él y su familia eran “perseguidos judiciales” por parte del Gobierno, hecho que supuestamente le generó una deuda de más de 4 millones de dólares, aunque él, sin dar una fecha, se comprometió a pagar todos los salarios y beneficios sociales adeudados.
“Estos valientes periodistas no pueden vivir de promesas, puesto que a más de tres meses del cierre de Página Siete ni siquiera esos compromisos fueron cumplidos”, acotó Vásquez.
“TORMENTA PERFECTA”
Ese 29 de junio, luego de que por medio de una reunión virtual Garáfulic informara a los 70 trabajadores que desde ese momento se quedaban sin trabajo, sin entregar ningún documento que respalde sus motivos, el empresario publicó en la página web del medio una nota titulada: “Fin del camino. Carta a los lectores de Página Siete”.
En su primera parte escribió: “Después de 13 años de periodismo independiente al servicio de la sociedad y la democracia, Página Siete publica hoy su última edición. La explicación es tan simple como dolorosa: nuestros gastos son superiores a los ingresos y después de agotar todas las instancias para conseguir capital de trabajo, nos quedamos sin recursos económicos para seguir operando. Una combinación de circunstancias adversas creó lo que podríamos calificar como una tormenta perfecta, que nos llevó a esta situación”.
Afirmó que entre los principales factores del quiebre económico de Página Siete estuvo el bloqueo a la pauta publicitaria y el hostigamiento económico y judicial por parte del Gobierno, la crisis económica a partir de la pandemia de la Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y una fallida campaña de captación de suscriptores para la versión digital. “Este es un momento duro que me llena de tristeza y angustia porque soy consciente de que el periodismo independiente y la democracia pierden un aliado importante”, sostuvo.
EL LADO OSCURO
A 101 días de aquella carta y los compromisos incumplidos por parte de Garáfulic y quienes lo acompañaron en su gestión, los periodistas de Página Siete decidieron emitir un pronunciamiento con un encabezado que refuta al dueño del nombre del periódico: “El lado oscuro de la ‘tormenta perfecta’ en Página Siete”.
“En su carta, Garáfulic menciona que hubo una ‘tormenta perfecta’ que llevó al cierre de Página Siete y ciertamente los sucesos que menciona ocurrieron, pero también hubo un lado oscuro que debe ser conocido públicamente”, menciona parte del pronunciamiento. Vásquez sostiene que entre los factores que llevaron al cierre de Página Siete también se debe contar la mala administración realizada por Garáfulic y Saravia.
FUGARON DEL PAÍS
El abogado aclaró que el 6 julio, un primer grupo de extrabajadores presentó una demanda laboral, por medio de la cual se logró conocer que Garáfulic y Saravia, representantes legales desde la creación del impreso en abril de 2010, realizaron operaciones de diferente índole para el resguardo de sus bienes y luego salieron del país, el primero a Brasil hace más de 10 meses y el otro “de vacaciones” a Estados Unidos.
Pese a ello, se confirmó que ambos tienen varias propiedades registradas a su nombre, cuyo valor, desde un inicio, pudo cubrir con solvencia los beneficios sociales adeudados. Pero lo que resultó más llamativo fue conocer que Garáfulic y Saravia no renovaron la matrícula de comercio en el Servicio Plurinacional de Registro y Comercio (Seprec), que feneció el 31 mayo; es decir, 29 días antes del cierre del periódico, hecho que sumado al presunto traspaso de sus propiedades genera la sospecha que existió una planificación para el cierre de Página Siete.
“En la mayor parte de los procesos laborales, la gente que no quiere responsabilizarse del pago de beneficios sociales u otro tipo de deudas con sus trabajadores termina perdiendo sus propiedades. Entendemos que el señor Garáfulic ha hecho desaparecer varias de sus propiedades (vehículos y terrenos) y hay pocas cosas a su nombre, pero también fuimos informados de que él figura como procesado en otros casos, uno de ellos abierto por el Viceministerio de Transparencia, por enriquecimiento ilícito, además de procesos coactivos con algunos bancos, en los cuales debe hasta 2 millones de dólares, pero esta sería una deuda adquirida desde 2003”, detalló el abogado.
En el marco de esos procesos se anotaron preventivamente varias de sus propiedades. Vásquez subrayó que, de ser rematados estos bienes, las autoridades deben dar prioridad al pago de los beneficios sociales de todos los afectados.
ACCIONISTAS Y FINIQUITOS
El abogado también refirió que entre las argucias administrativas de las que Garáfulic se valió para evadir el pago de sueldos y beneficios sociales a los trabajadores, se tiene que en 2020, en medio de los duros momentos que generó la pandemia entre los propios trabajadores, implementó un plan de reestructuración, por medio del cual recurrió a despidos y recontrataciones con menores salarios.
La estrategia también contemplaba un acuerdo interno del que logró convencer a varios de los periodistas, ofreciendo hacerlos accionistas del periódico a cambio del monto que les correspondía por el pago de sus beneficios sociales. En otros casos, recurrió a la extensión de cheques, que fueron presentados ante el Ministerio de Trabajo, para legalizar un supuesto pago de los beneficios, pero luego éstos eran cambiados por contratos de préstamo.
En estos documentos se detallaba que los periodistas y trabajadores hacían un préstamo a la Editorial Luna Llena y en estos Saravia, el representante legal que firmó la mayoría de los contratos simulados, se comprometía a pagar una cuota mensual hasta cumplir con toda la deuda; sin embargo, en la mayoría de los casos los periodistas y otros trabajadores fueron recontratados con sueldos inferiores, pero nunca recibieron el pago o devolución del supuesto préstamo.
Por último, se conoce de la entrega de cheques a trabajadores que, con el fin de coadyuvar con la crisis económica que afectaba a la empresa, renunciaron antes del cierre de Página Siete, creyendo en el discurso de Garáfulic, que se comprometía a pagar en cuotas toda la deuda, pero dichos cheques fueron girados sin fondos, por lo cual las víctimas nunca logaron cobrar el dinero ni sus beneficios.