Los candidatos presidenciales Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga proponen un cambio de modelo económico basado en el financiamiento externo, reformas internas y la consecuente Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, a pesar de la importancia de este pilar en sus programas, ninguno ha cuantificado la IED que proyectan atraer. Sus anuncios de IED son, por lo tanto, enunciativos y aspiracionales.
Basándose en las reformas de su Plan Bicentenario, la Fundación Milenio proyecta una inversión privada (se entiende nacional y extranjera) de US$20 mil millones en el periodo 2026-2030 de los cuales US$15 mil millones corresponderían a tres sectores estratégicos: hidrocarburos, minería y litio.
Por los tiempos que demoraría que las IED se materialicen y efectivicen, una recuperación económica en el corto plazo (24 meses) dependería casi exclusivamente de los financiamientos a conseguirse y de la confianza y la decisión de los empresarios bolivianos para invertir en el país bajo nuevas reglas de juego.
La reciente experiencia argentina—con una economía 13 veces más grande que la boliviana—con las IEDs, nos brinda algunos parámetros de expectativas vs realidades en los ya 20 meses del gobierno de Milei y de las agresivas reformas internas promercado que ha promovido.
En la gestión del gobierno de Milei, según cifras del Banco Central de la República Argentina, la IED ha registrado un saldo negativo, debido a que ha salido más capital del que ha entrado. Esto, no obstante haberse reducido el riesgo país a un tercio del original cuando asumió: 700 puntos básicos vs 2100.
La principal razón de esta caída ha sido la remisión de utilidades de las empresas extranjeras que ya operan en Argentina a sus casas matrices cuando se sinceró el tipo de cambio después de años de la ficción de un tipo de un cambio controlado e irreal como el actual en Bolivia.
Consideramos que en Bolivia la unificación del tipo de cambio podría causar repatriaciones, sin embargo, su efecto sería significativamente más bajo que en Argentina porque la actual inversión extranjera es mínima. La pregunta pertinente para el caso argentino, sin embargo, es ¿por qué las empresas extranjeras no utilizaron esas utilidades retenidas para reinvertir en Argentina ahora que las reglas de juego han cambiado y mejorado a su favor al ser, ahora, promercado?
La principal razón de esa no inversión, y una que podría ser aplicable a Bolivia, es por la fragilidad política del partido de gobierno y la duda si se podrá garantizar gobernabilidad a partir de las elecciones legislativas de este octubre y la continuidad del modelo a partir de las próximas elecciones presidenciales.
No obstante, esta limitante, con la aprobación de su Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en julio de 2024, Argentina ha tomado la delantera en la captación de capitales. A la fecha, este régimen ya ha asegurado compromisos por más de US13mil millones, enfocados en tres sectores: energía (US10 mil millones), minería y litio (US$3 mil millones) y siderurgia, que empezarán a impactar la economía argentina a partir del 2026.
La competencia por la IED en la región se ha intensificado. Con Argentina ofreciendo un plazo de hasta tres años más para inscribirse en su atractivo régimen RIGI, Bolivia deberá definir urgentemente su propuesta de valor.
Para competir eficazmente con Argentina, Chile, Perú y otros países, una de las primeras condiciones que Bolivia debe abordar es eliminar un obstáculo fundamental para atraer grandes capitales al sector de hidrocarburos: el artículo 366 de su Constitución que prohíbe el arbitraje internacional para inversiones en este sector.
Para poner estas cifras en perspectiva, en el 2024, países de larga trayectoria de captar IED como Brasil, Chile y Perú, tuvieron una IED anual del 3%, 3,8% y 2,8% de su PIB respectivamente. Acorde el Banco Mundial, el PIB actual de Bolivia es US$50 mil millones con lo que una política de IED exitosa, a la par de los tres países mencionados, equivaldría a una inversión anual de hasta aproximadamente US$2 mil millones anuales, o sea, en el mejor de los casos, US$10 mil millones en el periodo 2026-2030.
Esta última cifra de US$10 mil millones se asemeja a la inversión que Doria Medina indicó que Marcelo Claure ‘podría’ invertir en Bolivia. Al ser una oferta condicional y al no especificar un cronograma, sería imprudente contar con estos fondos como un compromiso firme.
Para competir eficazmente por la IED con países como Argentina, Chile y Perú, Bolivia debe actuar en dos frentes. Primero, debe reflexionar sobre qué condiciones competitivas ofrecer, más allá de eliminar barreras constitucionales, para generar la certeza jurídica que los inversores requieren. Segundo, y en aras de la transparencia, las propuestas electorales tienen la responsabilidad de abandonar las aspiraciones vagas y, en su lugar, anunciar y explicar las metas de IED potenciales y realistas.
- JOSÉ LUIS CONTRERAS C.
- ECONOMISTA.
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