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La diputada nacional María René Álvarez advirtió este martes, que existen intereses políticos y particulares para insistir y forzar la construcción de la carretera La Guardia – Buena Vista, y provocar un daño ambiental en la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) de Santa Cruz.
La legisladora explicó que en la zona existe un proyecto inmobiliario que ofertó 20 mil lotes de terreno en el tramo 2 de Las Cruces a Buena Vista, que está dentro de la zona de la UCPN y que, por tanto, implicará asentamientos humanos no planificados.
Los lotes dentro de la denominada urbanización La Coincidencia, fueron ofertados alSindicato de Trabajarores de la Caja Nacional de Salud (Casegural), con cuotas iniciales de mil dólares.
La legisladora anunció las acciones de fiscalización legislativa correspondientes, pero además una denuncia penal porque este tipo de proyectos no están permitidos en esa zona, que contiene los acuíferos y reservorios de agua que abastecen al área metropolitana del departamento de Santa Cruz.
Asimismo, la diputada cruceña reprochó la inspección que realizó el ministro de Obras Públicas, el fin de semana, cuando además acarreó militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), para exigir la construcción de la carretera.
Como detalle, ese grupo de personas llevó wiphalas y usó poleras con la frase: “Por la construcción de nuestro sueño, carretera ya!”.
“¿Será que su sueño es dejar a Santa Cruz sin agua? ¿Será que su sueño es tumbar el monte para repartirse las tierras alrededor de la carretera? ¿Será que su sueño es beneficiar sus proyectos inmobiliarios a costa del bosque seco?”, fue el reclamo de la diputada.
“Si quieren guerra, guerra van a tener, porque los cruceños no vamos a permitir que se atente contra nuestros recursos naturales y el agua que es el futuro de cada boliviano que vive en Santa Cruz “, acotó.
El funcionario del Ejecutivo, opinó que “ninguna carretera del mundo provoca impacto ambiental”, además dijo que la Gobernación de Santa Cruz emitió licencias para proyectos inmobiliarios en la UCPN Güenda Urubó.
La diputada desmintió al ministro de quien también depende la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
“Esa es otra mentira, porque la última licencia de trabajos en la UCPN fue emitida en 2018, y la única urbanización con licencia, tiene restricciones de adecuación y, por tanto, no puede realizar ninguna acción. Además, las licencias emitidas en 2013 para trabajos de pozos y riegos están vencidas, como explicó el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Pablo Sauto”, aclaró.
Finalmente, la diputada María René Álvarez reiteró su pedido para que la CAF, como ente financiador del proyecto, emita una respuesta y las salvaguardas ambientales para cuidar los recursos hídricos de Santa Cruz.
“La CAF es un “banco verde” y en sus anexos remarca que no financia “operaciones en espacios protegidos (áreas protegidas) con legislación especial, cuando la operación tenga un potencial de poner en riesgo el objetivo por el que se creó el área protegida”, concluyó.