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En la audiencia cautelar que se realizó en el Juzgado Quinto Anticorrupción, ayer se determinó la detención preventiva del exgerente de la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (Emavías), Mauricio Berdeja, por el hurto agravado de 93 turriles de cemento asfáltico que se registró la madrugada del 13 de mayo. El mismo, también está procesado en un segundo caso, por consorcio, en relación a la extorsión de 15.000 bolivianos a uno de los primeros detenidos por la desaparición de los turriles.
La Fiscalía de La Paz informó que, Berdeja, exfuncionario de Alcaldía de La Paz, fue imputado por uso indebido de influencias y peculado. Es el tercer detenido preventivo por el caso del robo de los turriles de asfalto, debe cumplir reclusión en el penal de Patacamaya, pero también es el sexto implicado en el caso consorcio que derivó de ese primer proceso.
Hurto de turriles de asfalto
“De acuerdo a los datos que se tiene en el cuaderno de investigaciones, se estableció que había una presunta participación del exgerente de Emavías. Existen declaraciones en las que se señala que el señor Berdeja dio órdenes para que se permita sacar los 93 turriles de cemento asfáltico”, informó la fiscal anticorrupción, Elba Sanjinés.
La fiscal se hizo cargo del caso luego de que este iniciara, a denuncia del propio Bejarano, por “hurto agravado” en la división de Delitos Patrimoniales. En esa primera instancia estaba a cargo de la fiscal Wendi Gómez, quien durante las primeras pesquisas ordenó la aprehensión de dos funcionarios, que luego fueron enviados a la cárcel por orden judicial.
Sin embargo, debido a que los indicios señalaban otro tipo de delitos, el proceso fue derivado a la división Anticorrupción. En esa instancia, la fiscal Sanjinés sindicó a Berdeja luego de revisar la declaración de otros implicados y documentos recolectados en la primera parte de la investigación.
Entre esos indicios está el informe interno firmado por el gerente general de la empresa de seguridad privada, “G” Segurity, José Luis Aramayo, dirigido al jefe interino de la Unidad Administrativa de Emavías, Oscar Loza, que contradice la versión de Berdeja, quien señalaba la responsabilidad de los guardias de seguridad y otros funcionarios. El documento, emitido el 16 mayo, revela que tres días antes del “robo” de los turriles, Berdeja dio “instrucciones verbales” para permitir el ingreso de los camiones.
“Informo que el día 13 de mayo de 2023, a horas 00:06 se hicieron presentes Richard Flores (personal de almacenes), Josué Soria (funcionario de Emavías) para realizar el traslado de cemento asfáltico, por instrucciones del gerente general, Mauricio Berdeja Blacutt, dichos funcionarios abrieron la puerta del garaje para el ingreso de tres grúas que ellos trajeron”, señala parte del informe emitido por “G” Segurity.
Los guardias de seguridad explicaron que el hecho no se registró en el libro de novedades debido a que, Flores y Soria no entregaron los descargos correspondientes, “indicando que en el siguiente turno nos harían llegar la orden de salida, por tal motivo no se informó a Rodrigo Villarroel y Oscar Loza, por ser una instrucción directa del gerente general”, concluye el documento.
Aprehensiones
Berdeja fue aprehendido el jueves, en el Aeropuerto de El Alto, a su retorno de la ciudad de Santa Cruz, un día después de que se informó que su pareja (exfuncionaria del Ministerio Público), la fiscal Wendi Gómez, un investigador policial, un pasante de la Fiscalía y una abogada particular también fueron capturados por la Policía. Todos ellos relacionados al caso del robo de los 93 turriles de cemento asfáltico.
El viernes por la noche, en el Juzgado Segundo Anticorrupción, determinó favorecer a los implicados con la detención domiciliaria, sin salida laboral. La resolución fue apelada por la Fiscalía, con el fin de lograr su encarcelamiento, porque considera que los imputados podrían influir en los testigos, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de pruebas.
El fiscal Anticorrupción, Cristian Copa, informó que, de acuerdo con la denuncia hecha por uno de los primeros detenidos, la fiscal, el policía, los pasantes y la abogada, le pidieron 3.000 dólares para que no sea encarcelado, pero ella solo pagó 15.000 bolivianos.