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Nueve exconcejales de Cobija, gestión 2015 – 2021, llevan adelante un proceso judicial en contra del Gobierno Municipal con el objetivo de cobrar el ‘Subsidio de Frontera’. Un Juez del Trabajo falló a favor de las exautoridades, por tanto, la institución necesita más de un millón de bolivianos para pagar el beneficio. A cada demandante le toca Bs 119.354,40.
La acción judicial inició a finales de 2020, los exconcejales; Ana Paula Valenzuela Becerra, Rimberth Melchor Montero Paredes, Maribel Camacho, Juan Carlos Paz Terán e Isabel Guzmán Ríos, del frente político Movimiento Al Socialismo (MAS); Aurelio Valenzuela Deromedis, Alex Milko Valverde Flores, Lourdes Machaca Guanca y Willam Cruz Pisco, de Pando Unido Digno (PUD), mediante un representante legal exigen el pago del Subsidio de Frontera de las gestiones 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Un acápite del proceso judicial refiere que los demandantes ocuparon el cargo de concejales del municipio de Cobija de mayo de 2015 a junio de 2021. Hasta el mes de enero de 2019 no recibieron el beneficio que les corresponde por ley, sin embargo, después de realizadas las gestiones logran que se les cancelen desde febrero de 2019. Ante esa situación, exigen el pago del subsidio de frontera de las gestiones que no se hizo efectivo.
SUBSIDIO DE FRONTERA
El D.S. 21137 del 30 de noviembre de 1985 en su Art. 12 señala: “Se sustituye los bonos frontera, zona o región por un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio solamente los funcionarios y trabajadores del sector público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales”.
El representante de los exconcejales interpreta que la norma establece como único requisito para que los funcionarios y trabajadores tanto del sector público como privado tengan derecho al subsidio de frontera es que presten sus servicios dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales, sin importar la modalidad de contrato con que trabajen, puesto que el Decreto no hace excepciones.
Con los descargos presentados fehacientemente en los plazos establecidos por la parte demandante y ante la falta de argumentos y/o elementos que demuestren lo contrario por la defensa del empleador, el 7 de enero de 2022, el Juzgado del Trabajo Seguridad Social Nº 2 declaró Probada la demanda, en primera instancia, en consecuencia el demandado Gobierno Autónomo Municipal de Cobija deberá cancelar un total de Bs 1.074.189,60 (Un millón setenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve 60/100 bolivianos).
Municipio apela la sentencia
El director de Jurídico del Gobierno Municipal de Cobija, Rafael Denis Zapata, confirmó las acciones judiciales que realizan nueve de once exconcejales en contra de la institución del cual fueron parte durante seis años (2015-2021) y se beneficiaron con salario mensual de más de Bs 13.000. Actualmente la sentencia en primera instancia se encuentra en fase de apelación.
“La población sabe que estamos atravesando una crisis bastante fuerte en nuestra ciudad, lamentablemente los exconcejales que estaban en el cargo durante seis años ahora exigen el Bono Frontera, la misma tiene sentencia en primera instancia a favor de los demandantes por un monto superior a un millón de bolivianos, a cada uno le corresponde Bs 119.354,40. Estas demandas complican mucho más la situación del municipio. Estamos en grado de apelación, extremaremos todos nuestros recursos para dejar sin efecto la sentencia. Sorprende la actitud de los exconcejales y no entendemos porque en la gestión pasada no reclamaron este bono”, enfatizó Zapata.
//FUENTE: PERLA DEL ACRE//