Pagaron el alquiler adelantado de la tienda en una zona comercial. Tenían por delante el pago de los impuestos y el largo trámite ante la Alcaldía de La Paz que les exigió la licencia de funcionamiento, el registro de comercio, la identificación tributaria, el contrato de alquiler, factura reciente de luz y el croquis del establecimiento, además, un pago extra por el anuncio del local en el frontis del establecimiento. Tras dos meses de intento, la pareja cerró el negocio e intentó recuperar parte del capital que pidió prestado a sus padres. Días más tarde, en la tienda se volvió a exhibir el letrero: “se alquila”.
En la plaza Alonso de Mendoza una familia vende las denominadas “tripitas” entre las 18.00 y 22.00 horas. Los platillos valen siete y diez bolivianos. En dos horas se constató que venden 150 platillos, de manera que por día venden aproximadamente 3.000 bolivianos y en un mes llegan fácilmente a los 60 mil bolivianos, lo que implicaría un ingreso aproximado de 20 mil bolivianos. Son felices porque están en el régimen simplificado.
Estos dos ejemplos pueden explicar en parte el crecimiento de la informalidad laboral en Bolivia que hace un año estaba en el 84% y que seguramente subió dos puntos este último año. Esto se traduce en la falta de estabilidad laboral, ninguna seguridad social, cero derechos laborales y protección legal para miles de jóvenes, que logran una fuente de trabajo, aunque quedan en una situación de vulnerabilidad.
El pago de salarios, impuestos, servicios básicos y una crisis económica creciente llevaron a muchos emprendedores a abandonar la formalidad y sumarse a la economía informal. Hasta los profesionales se ven obligados a preguntar a quienes piden rebaja por el servicio recibido, si necesitan factura. En la mayoría de los establecimientos, los que atienden hacen la siguiente pregunta: “con factura cuesta x, sin factura y”.
Mario Cazón, presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se deleita lanzando cifras del dinero recaudado, luego de apretar la yugular de los contribuyentes, en particular de los jóvenes profesionales, colocando las reglas a su antojo, mientras sus trabajadores persiguen como cancerberos a quienes emitirían facturas erróneas o profesionales que no hicieron la declaración de sus ganancias en tiempo oportuno. Al menos, Cazón da cifras, porque Iván Arias y otros alcaldes del país no dan cifras, porque es secreto de Estado, aunque siempre se quejan por los ingresos magros.
El gobierno, en lugar de fomentar la iniciativa privada, apostó por crear industrias estatales compitiendo con la iniciativa privada, imprimiendo libros con fines de adoctrinamiento y de mala calidad, fábrica de papas fritas y mandando a la quiebra a una prestigiosa empresa textilera entre otras lindezas.
La mayoría de los trabajadores formales se encuentra en el aparato estatal y esperan su aguinaldo, entre ellos médicos y profesores. El sector privado, en cambio, sufre de enanismo, con escasa inversión nacional y prácticamente nula inversión extranjera. Los analistas señalan que hay inseguridad jurídica y un clima hostil para los emprendedores.
René Salomón, director de la Fundación Trabajo Empresa, lo explica con crudeza: “Ser formal en Bolivia es muy complejo. El sistema desincentiva”. Para formalizar una empresa en Bolivia, se debe pasar por un laberinto administrativo que implica registro de propiedad intelectual, inscripción en impuestos nacionales, licencias municipales, fichas ambientales, cumplimiento de normas sanitarias y más. Panorama desalentador.
Como si fuera poco, a la hora de pagar impuestos, los profesionales no pueden descargar facturas por gasolina, ni por comida, ni por entretenimiento, porque solo se acepta en el sistema los gastos de los del rubro donde trabaja; de esta manera, un docente universitario podrá presentar facturas de material, escolar, libros y transporte (que no existe).
En Chile, los trabajadores informales llegan al 26%, en Argentina llegan al 42%, Paraguay tiene 63% y Perú nos pisa los talones con el 70%.
Sin lugar a dudas, esta debe ser una de las primeras tareas del presidente Rodrigo Paz, porque nuestros profesionales necesitan mejor trato, Impuestos Internos debe bajar los impuestos y universalizar el tributo justo, eliminando multas y coacciones que rayan el escándalo.
- ERNESTO MURILLO ESTRADA
- PERIODISTA, ACADÉMICO Y DOCENTE UNIVERSITARIO
- *NDE: LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
