Elöd Tóásó presentó una queja contra la Policía a los ocho meses de haber sido detenido, golpeado y trasladado al penal de San Pedro / ARCHIVOS WEB
Con el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se confirmó que en abril de 2009 en Bolivia se realizaron actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales durante el asalto al Hotel Las Américas. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo en un informe del año siguiente justificó esos hechos aludiendo que “se resguardó la seguridad interna del Estado”.
La muerte de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, además de la detención de Elöd Tóásó y Mario Tadic, luego de Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, fueron parte del informe que en la figura de tortura apuntó a los administradores de justicia y Ministerio Público por no haber atendido las denuncias de vulneración de derechos humanos de esas personas.
El asalto al Hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009 fue una orden expresa del entonces mandatario Evo Morales a su segundo Alvaro Garcia Linera, para que el Comando de la Policía actúe contra lo que el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzó a llamar “grupos terroristas separatistas”.
La Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) actuó sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, al mando de un civil o miembro del Ejecutivo nunca identificado, como se mostró en un video posterior filtrado y atribuido a la oficial Marilyn Vargas. Se cortó el servicio de internet y se apagaron las cámaras de seguridad del hotel, dos hechos comprobados en el informe de la CIDH.
“En consecuencia, la Comisión estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria. El Estado es responsable de la violación de su derecho a la libertad personal, basada en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal ya que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en la Constitución, las leyes o partes dictadas conforme a ellas”, cita parte del informe.
UNA QUEJA ARCHIVADA
Documento de la Defensoría del Pueblo que archivó obrados sobre la queja de Tóásó contra el abuso de la Policía / ARCHIVOS
Ocho meses después de su detención en medio de disparos y prácticamente en ropa interior, para ser trasladado de Santa Cruz al penal de San Pedro en La Paz, el húngaro Elöd Tóásó presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo, por los abusos policiales, los golpes recibidos y la negación a la debida defensa.
La queja 00001-LPZ-2010 llegó a conocimiento del representante defensorial de La Paz, Boris Bismak Antezana. Los puntos de reclamo de Tóásó se refirieron a los “golpes recibidos en el estómago, torso y en la cara, al margen de recibir amenazas de muerte”, así como el mismo maltrato aplicado durante su traslado aéreo y que no se le otorgó un traductor “para brindar sus declaraciones ante el Ministerio Público ni en la audiencia de medidas cautelares”.
Pese a aquello, el entonces funcionario defensorial, una vez analizados los hechos, procedió a establecer que “las gestiones efectuadas” por la Policía y la Fiscalía “se encontraban dirigidas a aclarar delitos de terrorismo y alzamiento armado”. Luego añade que el operativo en Santa Cruz se desarrolló “en cumplimiento a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía Nacional”, para desarticular a un grupo terrorista y que de esa forma “se resguardó la seguridad interna del Estado y de la ciudadanía”.
Sobre el derecho a la defensa, Antezana estableció que a Tóásó se le brindó “un traductor de oficio” y que incluso fue asistido por un representante del Consulado de Hungría.
“El Representante Defensorial de la Defensoría del Pueblo”, finaliza la nota con articulados del reglamento de esa institución, y “dispone la conclusión extraordinaria de queja y el archivo de obrados” en fecha 17 de diciembre de 2010.
El informe de la CIDH aprobado en diciembre pasado y que se encuentra en etapa de ingreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un eventual proceso al Estado Plurinacional de Bolivia por hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, que constituyen a su vez delitos de lesa humanidad, recomendó al actual Gobierno a tomar las medidas necesarias para reparar a las víctimas y establecer responsabilidades.
UNA DEFENSORÍA MILITANTE
Antezana, Villena (+) y Núñez del Prado (+) cumplieron funciones en la Defensoría durante la primera etapa del montaje "terrorismo o caso Rózsa / RRSS / ARCHIVOS WEB
Los peticionantes ante la CIDH declararon que durante toda su etapa de detención preventiva, superada en exceso por las normas vigentes al momento de los hechos, pero modificadas por el Gobierno, quedaron en un estado de indefensión desde las instituciones del Estado, que incluyen a la Defensoría del Pueblo.
Boris Antezana fue representante defensorial en La Paz durante la gestión del defensor del Pueblo, Rolando Villena. Según su hoja profesional, luego trabajó como asesor jurídico en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Actualmente, reseña en sus redes, es asesor jurídico en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y en el Servicio de Identificación Personal (SEGIP), aunque su nombre no se encuentra en registros de Contraloría como funcionario público de ninguna entidad.
Contradictoriamente, Rolando Villena, fallecido por Covid-19 en enero de 2021, antes de ser designado por los dos tercios del MAS en el cargo defensorial, dos semanas después del asalto al Hotel Las Américas, en calidad de presidente de la Secretaría General de la APDHB, realizó una visita al penal de San Pedro para constatar el estado de salud de Tóásó y Tadic.
En partes sobresalientes de su informe se tomó nota de la tortura sufrida al momento de su detención en Santa Cruz. También se comprobó que fueron aislados en celdas separadas en el penal de San Pedro y que tenían un “regular estado de salud y presencia”, pero con hematomas en diferentes partes del cuerpo que les “limitaba un desenvolvimiento normal”.
Sobre la gestión de Villena en la Defensoría del Pueblo también surgió en esos primeros años la figura central de Carlos Núñez del Prado, quien fuera protagonista del “video soborno” a Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, un chofer que también fue detenido por el montaje del caso “terrorismo” o caso Rózsa. En una filmación se ve a Núñez del Prado entregar una suma de dinero y mencionar 31.500 dólares para que “El Viejo” se vaya del país.
Núñez del Prado fue director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno con el ministro Alfredo Rada durante el asalto al Hotel Las Américas. Posteriormente, trabajó en la Defensoría del Pueblo como como Secretario General, precisamente cuando se emitió el informe de la queja 00001-LPZ-2010 y en enero de 2011 fue nombrado representante de Villena en La Paz, precisamente cuando se difundió el video con “El Viejo”.
Ese escándalo provocó su renuncia en la Defensoría. Villena dijo entonces sobre su delegado: “Si hubiera tenido conocimiento de los presuntos hechos que vincularían a Núñez del Prado con el video, no habría depositado mi confianza en él por razones obvias”.
El fisioterapeuta de formación marxista y en guerrilla armada, fue padre de Tamara Núñez del Prado, exdelegada defensorial en la efímera gestión de David Tezanos Pinto. Además fue hijo adoptado de Antonio Peredo, fallecido en 2012, exsenador y primer acompañante de fórmula de Evo Morales, y también llegó a ser cuñado del exministro Rada.
Como miembro del grupo irregular Ejército de Liberación Nacional (ELN), Núñez del Prado fue encarcelado en la década de 1970. Posteriormente salió libre, viajó a Perú y paradójicamente, luego fue llamado para trabajar en el Instituto de Terapia de Investigaciones sobre las Secuelas de Torturas y Violencia Estatal (ITEI).
Exactamente un año antes de fallecer por neumonía en abril de 2014, medios oficialistas como La Razón, dieron a conocer partes de un documental elaborado por la cadena árabe Al Jazeera en el que Núñez del Prado repite que el operativo en el Hotel Las Américas fue coordinado desde el Ministerio de Gobierno, luego del “atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas”, porque se presumía que se iba a dar una escalada de violencia para “dividir” al país.
“Desde el primer momento, cuando nos enteramos que son gente que viene de los Balcanes, nosotros intuimos de que había una operación de división en Bolivia. Cuando empiezan a operar, cuando empiezan a entrenar, cuando empiezan a hablar nos damos cuenta plenamente de esto”, fue parte del testimonio de quien nunca fue convocado para declarar sobre el asalto de aquel 16 de abril de 2009.
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