“Las palabras en la lucha política, ideológica y filosófica no son conceptos abstractos ni neutrales, sino herramientas de combate con efectos materiales reales: actúan como armas, explosivos, calmantes o venenos”. – Louis Althusser
Corría el año 1762 en Ámsterdam (Países Bajos), donde vieron la luz pública dos de las obras cumbre del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau: “Emilio, o De la Educación” y “El Contrato Social”, trabajos que sentaban la base de que: “quienes controlan las opiniones de un pueblo, tienen la oportunidad de controlar sus acciones”. Este argumento reforzaba las ideas extraídas de trabajos similares escritos por el autor y de exposiciones públicas relacionadas a las ciencias, las artes, la familia, la educación y la forma de gobierno, razón por la cual a poco de publicarse se prohibieron y fueron quemadas en Ginebra, mostrando la intolerancia y repudio de quienes preferían seguir bajo los dogmas del poder.
El pensamiento de Rousseau que pervive hasta nuestros días, no se limita a definir la política de manera estrictamente descriptiva o teórica, transforma conceptos abstractos en imperativos morales. La obra de rebeldía que desafió abiertamente al clero y la tradición, le obligó a huir de Francia y vivir proscrito durante mucho tiempo. Posteriormente su obra inspiraría el romanticismo y recibiría el reconocimiento como un connotado intelectual de todos los tiempos, aunque la presión que tuvo que soportar lo obligaron a vivir alejado del debate público hasta el final de sus días.
La confrontación histórica generada entre las ideas y pensamientos transformadores, frente a la costumbre y tradición impuesta por el Estado entendida como parálisis intelectual impermeable a las críticas e incapaz de realizar autocrítica, definen la ruta de sus instituciones y el nivel de madurez de que puede alcanzar la sociedad mostrando una mayor disposición para el debate y el aprendizaje. Por el contrario, aquellas sociedades abrumadas por caudillismos, demagogia, censura e hipocresía social, dan plaza para que cualquier embustero dispuesto a redactar un programa de gobierno basado en la mitología, se haga con el poder.
El poder contrafáctico define perfectamente bien lo que ocurre en Bolivia en los últimos veintiún (21) años. Conferirle al Estado un papel empresarial que le permita obtener mayores cuotas de mercado –sabiendo que actúa como ente regulador, ofertante y demandante–, ha llevado al país al borde de la quiebra, a pesar de la fantasía narrativa que incorporó términos como “justicia social” que mantiene obnubilada a los distintos grupos políticos que se sortean el “pasanaku” discursivo y el respaldo popular que les granjea aquellas promesas ilusorias lanzadas al aire. Grupos que, dicho sea de paso, teniendo la oportunidad de reinventar. innovar y perfeccionar su retórica, prefieren servirse recalentaditos populistas.
El creciente intervencionismo estatal que sufre Bolivia en los últimos 21 años, se encuentra directamente relacionada a la ausencia de facciones vinculadas a las ideas de derecha y liberales, que podrían contraponerse a las medidas y exabruptos que se vienen cometiendo y que invitan a pensar que los actores políticos no ven como algo verdaderamente importante resolver de manera estructural la terrible crisis económica, social, política, moral, cultural, de identidad por la que atraviesa el país, tanto, como mantener la popularidad mediante una dialéctica sustantiva carente de acciones concretas.
La experiencia enseña que la fragilidad institucional aguanta estereotipos, mitos, leyendas, historias, acusaciones, contradicciones, que acentúan la distorsionada perspectiva de la realidad. Promesas de calles adoquinadas en lugar de priorizar la reactivación del aparato productivo, bajada de impuestos, liberación de cargas para los nuevos emprendimientos, acabar con prohibiciones y restricciones, entre otros incentivos que deben aplicarse en este momento crítico para el país, deben ser mejor analizadas, para poner fin al Estado empresario ineficiente y mostrando la importancia que tiene para un líder incluir el verbo en la palabra, abandonando el discurso estéril y traduciéndolo en acción.
Ante la baja productividad que tiene el país, plantear incrementos del salarios mínimos o bonos sociales es absurdo. Se deben reducir los aranceles y acabar con los cupos de exportación, brindar seguridad jurídica y las condiciones necesarias a quienes estén interesados de invertir en Bolivia. No es factible plantear propuestas de ley que señalen la revisión periódica de contratos entre el Estado y la empresa privada. Si no se genera confianza y se comienza a actuar con la seriedad que debe primar en un Estado que aspira a solucionar sus múltiples problemas, el futuro no se muestra nada auspicioso.
Vale la pena recordar que: “lo que el hombre pierde por el contrato social, es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que intenta y puede alcanzar”. Es importante señalar que: “Estamos acostumbrados a ver al poderoso como si se tratara de un gigante, sólo, porque nos empeñamos en mirarlo de rodillas y ya va siendo hora, de ponerse de pie”.
- (*) LOS TEXTOS PUBLICADOS EN ESTE ESPACIO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
