JAIME APARICIO
La reciente condena a diez años de prisión de la expresidente Constitucional transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, además de ser otro ejemplo de la utilización arbitraria del poder judicial con fines políticos en la región, refleja una preocupante ideologización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No otra cosa significa el silencio de este órgano de la OEA frente a una parodia de proceso judicial contra la ex Presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, que incluyó más de 400 días de prisión preventiva ilegal así como tratos indignos e incumplimiento del debido proceso.
Este proceso ha sido denunciado por los organismos internacionales más relevantes. El presidente el Comité contra la Tortura de la ONU, el secretario general de la OEA y el Parlamento Europeo. Las Naciones Unidas han llamado la atención sobre el uso político de la justicia para perseguir opositores y sobre las múltiples violaciones a las convenciones de derechos humanos de la que Bolivia es signataria.
De particular relevancia ha sido el comunicado de Josep Borrell, encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), quien señaló que las observaciones preliminares de la Misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, reflejan “las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano,” tal como lo había registrado el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces. Borrell destaca que el juicio “no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez”, que la acusación de “incumplimiento del deber” es “excesivamente amplia y ambigua” e “incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de Derechos Humanos, al igual que “el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva, el acceso a pruebas testificales y el formato virtual e híbrido de las audiencias.”
La criminalización de la actuación de Jeanine Áñez como jefa de Estado transitoria, carece de sustento jurídico. La transición se dio ante un vacío de poder causado por una inédita renuncia en cadena, iniciada por el entonces presidente Evo Morales y seguida por su vicepresidente, la Presidenta del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados. Tras las renuncias y negociaciones entre los partidos políticos con representación parlamentaria, la Asamblea Nacional (controlada por el partido de Evo Morales), la Iglesia Católica, representantes de Naciones Unidas, de la Unión Europea y del Gobierno de España, acordaron convocar a Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, para que se haga cargo de la Presidencia del país, respetando la línea de sucesión Constitucional, con el encargo de llamar a elecciones a la brevedad posible.
El juicio se basa en la “gran mentira”, fabricada por los presidentes populistas de Argentina y México, y el Grupo de Puebla, cuya intención es hacer de Evo Morales la víctima de un “golpe de estado“ que nunca existió. Esa narrativa ignora que Morales, además de ser ilegalmente candidato a reelegirse por cuarta vez, (la Constitución boliviana permite sólo dos reelecciones consecutivas), cometió un osado fraude electoral (revelado por auditoría de la OEA) para permanecer en el poder –lo que desencadenó una protesta masiva de ciudadanos, su renuncia y fuga a México y el establecimiento del gobierno de transición.
Por eso preocupa que, pese la evidencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) guarde silencio en el caso boliviano. No se puede olvidar que durante los 14 años de ejercicio autoritario del poder de Evo Morales, con una fachada democrática y “progresista”, los comisionados de Brasil, Venezuela, Perú y el propio secretario ejecutivo de la CIDH, no admitieron ninguna petición de victimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno boliviano. Más grave aun, apenas renunció Evo Morales, la CIDH envió una “misión preliminar” que redactó un informe que no correspondía a la verdad de los hechos; y en octubre de 2021 se negó a dictar medidas cautelares a favor de la ex Presidenta, injusta e indignamente encarcelada.
Hoy pareciera que algunos comisionados como el de México, Joel Hernández, están más interesados en dar curso a las presiones de México que a proteger los derechos humanos de las victimas del populismo autoritario en América Latina. La independencia de los Comisionados, la veracidad jurídica en sus decisiones y la aplicación de la Convención Americana, sin influencias ideológicas, son los pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por eso extraña la actuación de algunos comisionados y de la CIDH respecto a Bolivia, donde es internacionalmente notorio que el gobierno utiliza el poder judicial con fines de represión política, una práctica común de gobiernos populistas que llegan al poder mediante elecciones libres y con mayorías legislativas. Una vez en el poder, éstos gobiernos cambian las constituciones, controlan el poder judicial, el poder electoral, los medios de comunicación, reprimen judicialmente a la oposición y buscan perpetuarse en el poder. Esta práctica erosiona los pilares republicanos/democráticos de pesos y contra pesos que limitan el poder, y los gobiernos devienen (tras una suerte de golpe en cámara lenta) en autocracias i-liberales y hasta represivas. Bastan los ejemplos de Venezuela y Nicaragua.
La democracia languidece y colapsa cuando no se respetan las instituciones democráticas ni los derechos humanos. Si bien su transgresión es responsabilidad de los actores internos, la comunidad democrática del hemisferio puede contribuir a su defensa y protección, activando los instrumentos creados a tal efecto, como la CIDH o la Carta Democrática Inter-Americana. Ella no puede ni debe ser cómplice o permanecer complaciente o indiferente con lo que ocurre en Bolivia.
JAIME APARICIO OTERO
Diplomático, exembajador de Bolivia ante la OEA
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21