«En Bolivia, los costos de entrada a la delincuencia estatal se han desplomado»
La propuesta de este artículo es justificar un nuevo punto de partida al momento de analizar los grandes perjuicios a los que se somete la sociedad cuando sus gobernantes obran previendo los beneficios del crimen combinado con el poder. Según la teoría de la Elección Pública de James Buchanan, un delegado gubernamental siempre hará prevalecer sus intereses personales, los cuales, sin los debidos límites, repercuten en el enriquecimiento ilícito.
Hoy, ante el establishment de políticas intervencionistas, es necesario anticipar que las motivaciones de quienes detentan el poder son criminales. Actúan en pleno conocimiento del costo y beneficio de delinquir, buscando pasar de un estado de menor a mayor satisfacción subjetiva, tal como lo definía Carl Menger, pero ignorando por completo la filosofía moral que obliga a la coordinación armónica en un orden espontáneo sin intervenciones, como proponía Adam Ferguson. No es suficiente presumir la posibilidad del acto ilícito; debemos considerar como agravante el conocimiento que tienen sobre las fallas de la macrogestión gubernamental, aprovechándose de la naturaleza parasitaria del Estado. Al cierre del bienio 2025-2026, la realidad boliviana nos da la razón: el raquítico Índice de Percepción de la Corrupción de 28/100 refleja que el Estado ha completado su mutación hacia una organización predatoria, tal como denunció el gobierno de transición de Rodrigo Paz al encontrar un aparato asediado por contrabandistas.
El análisis que permite llegar a estas aseveraciones parte de la siguiente argumentación:
1. El análisis previo de costo-beneficio para delinquir y las fallas institucionales sistémicas
El poder político accede a grandes ventajas tras ser elegido, gozando de un monopolio de acción donde no existe competencia. Con tales libertades en sistemas judiciales ineficientes, es una certeza que ocurrirá el análisis de costo-beneficio para delinquir. El Premio Nobel de Economía Gary Becker plantea que el homo economicus actúa como delincuente modelado, con todas las facultades para realizar un análisis económico antes de delinquir. Para nuestros fines de análisis, se relaciona directamente al homo economicus con el actor político que busca enriquecerse o pasar de un estado de menor a mayor satisfacción a través del Estado, lo que es un ilícito. El beneficio del crimen es entonces el botín político, que es lo que se espera ganar con el delito. Aquí entra el cálculo de los costos, que están determinados por la interacción de dos factores: la probabilidad de ser descubierto, detenido y condenado (que viene a ser la certeza), multiplicada por la pena que se podría imponer, que variará también en cuanto a su magnitud.
En Bolivia, los costos de entrada a la delincuencia estatal se han desplomado. Estos agentes políticos, que maximizan su beneficio, han superado los costos del delito y detectado huecos en el sistema para blanquear recursos en contubernio. El caso de Alan Lisperguer, exministro aprehendido en agosto de 2025 e investigado por presuntos movimientos ilícitos superiores a un millón de bolivianos, ilustra cómo el beneficio privado eclipsa cualquier noción de riesgo. La pericia de estas mafias al interior del aparato estatal llega al punto de anular por completo la probabilidad de castigo: el caso del exministro César Siles, acusado de presunto consorcio, y la posterior muerte del juez Fernando Lea Plaza, demuestran que el costo de interferir en la justicia es asimilado como una simple herramienta de gestión política.
Para combatir esto, es crucial que el legislador no recurra de manera desconectada al «populismo penal». Aumentar severamente las penas manteniendo rudimentos procedimentales inadecuados es una acción inútil cuando quienes gozan del intervencionismo controlan la justicia. Tal y como sucede con la tesis keynesiana, el resultado inexorable es expandir la base monetaria, repercutiendo en la inflación y desvalorizando la moneda en complicidad con el poder político que, por el efecto Cantillon, se beneficia de estas coartadas. El desincentivo no pasa por más leyes estatistas. Como señala Bruno Leoni en La libertad y la ley, la legislación de derecho privado impulsada por los congresos modernos suele destruir la certeza jurídica del mercado de la misma forma en que el socialismo destruye el cálculo económico. La exclusión del Estado será siempre mejor, permitiendo un orden jurídico policéntrico y privado.
2. La coartada de los bienes comunes, la justicia social y la necesidad del Estado
Para acumular poder ilícitamente, el actor político requiere mantener condiciones de desinformación que le permitan alienar a una sociedad engañada. Recurren a la manipulación de la cultura; una estrategia planteada por Gramsci para mantener de manera artificial la estabilidad de las preferencias sociales, permitiéndoles realizar sus propios cálculos económicos en beneficio de los operadores del estatismo. Utilizan nociones abstractas como la «justicia social» para invisibilizar sus delitos y legitimar la expropiación coactiva de los recursos. Friedrich Hayek denunciaba esto como un espejismo semántico. Esta coartada ha quedado al descubierto con la Tragedia de los Comunes: recursos destinados al desarrollo fueron drenados, como evidencia la reclusión preventiva de Luis Arce y Lidia Patty por la investigación del desfalco del Fondo Indígena, o el abismal presunto daño de 95 millones de bolivianos en Emapa denunciado en noviembre de 2025.
Estos buscadores de rentas (rent seeking) disfrutan del statu quo y se protegen tergiversando el concepto del «costo social». Nos dicen que desregular la economía dañaría a la gente, pero Ronald Coase demostró que el daño es recíproco. El costo de oportunidad nos exige medir el problema desde el valor del producto que perdemos como sociedad. El verdadero costo social de la asfixia fiscal es la imposibilidad de generar riqueza lícita. La crisis de hidrocarburos de 2025-2026, con el presunto desvío de hasta 1.000 millones de dólares anuales en combustible hacia el contrabando, y la investigación del esquema de Botrading S.A. vinculado a Armin Dorgathen con supuestos sobreprecios de 166 millones de dólares, demuestran que el ciudadano asume el costo con escasez, mientras la administración estatal traslada las decisiones a burócratas que, como explica Ludwig von Mises en su obra Burocracia, carecen del cálculo de pérdidas y ganancias, operando bajo incentivos perversos de poder y evadiendo cualquier responsabilidad patrimonial personal.
3. El alertness en el cálculo económico para la comisión del delito
Israel Kirzner desarrolló el concepto de alertness para referirse a la habilidad del empresario de identificar oportunidades ocultas en el mercado. Lamentablemente, una especie de alertness criminal es requerida por el político corrupto para descubrir brechas normativas o vulnerabilidades en el sistema y evaluar cómo ingresar a esa mafia. Gary Becker retomó las ideas utilitaristas de Cesare Beccaria y Jeremy Bentham para recordarnos que este delincuente está alerta para delinquir. Actúan ex ante, convencidos de que su acción delictiva los trasladará a una situación de mayor satisfacción, sujetos a la falibilidad humana y a los sesgos.
En nuestro país, esta agudeza se ha trasladado al arbitraje de la ilegalidad. Según las denuncias, la estructura liderada por Rubén Ríos y Franklin Flores en Emapa detectó las fallas en los subsidios para crear un ecosistema parasitario perfecto con la harina del Estado. Esa misma perspicacia extractiva habría permitido a agentes cobrar cuotas a trabajadores de salud (denunciado por Samanta Coronado), o buscar desmembrar los derechos de propiedad, como se investiga en los actos de Rafael Arce Mosqueira con el predio «Adán y Eva» y el repulsivo aval estatal a los avasalladores.
Conclusión
En una economía reprimida y sin separación de poderes, los encargados de la administración pública obran en total consciencia de los costos y beneficios de delinquir. Tienen la capacidad de incidir en el sistema de justicia para disminuir la probabilidad de ser descubiertos por quien tenga la facultad y buena voluntad de iniciarle el debido proceso. El daño se agudiza cuando, a través del marketing institucional, prolongan su potestad confundiendo a la población para invisibilizar la necesidad de las reformas económicas.
Para evitar el enriquecimiento ilícito de estos deleznables actores, además de intentar aumentar los costos de entrada a delinquir mediante tecnologías de trazabilidad, la exclusión del Estado en el ordenamiento social es siempre la mejor alternativa. Nos remitimos a la radical propuesta de Gustave de Molinari: la libre competencia de agencias de protección privada es infinitamente más eficiente que cualquier monopolio coercitivo estatal, el cual invariablemente tiende a la ineficiencia. Quienes se benefician del obeso aparato estatal son los verdaderos enemigos de la prosperidad. Bolivia no saldrá de este colapso hasta que comprendamos que la seguridad jurídica y la propiedad privada deben dejar de ser una mercancía política para volver a ser el pilar innegociable de la libertad económica.
- (*) LOS TEXTOS PUBLICADOS EN ESTE ESPACIO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL LIBERAL Y CONSERVADORA DE VISOR21
