Esa oficina que busca está en el tercer piso. La respuesta lacónica del funcionario público dejó sin palabras al hombre de aproximadamente 70 años, quien trepó los escalones que sumaban su edad; allá recibió como respuesta, que la oficina que buscaba estaba en otra repartición, por lo que debería ira informaciones en SERECI.
En la Alcaldía, cualquier trámite dura semanas cuando no meses y la orientación es casi nula, porque hay dos respuestas permanentes: No se ha firmado su trámite todavía o, se ha caído el sistema y debe usted esperar. En Derechos Reales el vía crucis es similar y se debe acudir a un abogado o tramitador, para que, “aceite de por medio”, el trámite se agilice.
El ciudadano común se queja, primero por la dilación de los trámites y el afán de ir de una oficina a otra y, segundo, por la falta de cortesía con la que algunos hombres y mujeres que se sientan detrás de un escritorio o anaqueles, quienes se constituyen en autoridades eventuales y con tono autoritario responden al ciudadano que ha tenido que esperar pacientemente su turno.
No todos estos servidores públicos beben vinagre al amanecer; hay otros condescendientes que tienen la paciencia para orientar a quien consulta y les informan sobre los requisitos que necesita para cumplir con el trámite, porque Bolivia es el país de las fotocopias.
No se crea que cuando llegue al gobierno zutano, mengano o perengano, este trato cambiará, porque el gobernante no llega a este tipo de ciudadanos, una gran parte sin formación, que llegaron al puesto por cercanía con algún alto funcionario. El funcionario ideal no llegará en noviembre con el cambio de gobierno, sino pasarán varios años hasta que lleguen a los escritorios estatales personas afables, de buen trato, orientadores y sobre todo serviciales. No se trata de establecer nuevas normas, sino una educación profunda que lleve a una moral de actitudes y no moral de papeles.
El Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) señala que “para ser servidor público en Bolivia, se deben cumplir requisitos como ser ciudadano boliviano, mayor de edad, cumplir con el servicio militar obligatorio, no tener antecedentes penales, y estar inscrito en el padrón electoral. Además, es necesario hablar al menos dos idiomas oficiales del país”. No habla del buen trato, de la capacidad de servir y orientar.
El aparato estatal tiene al menos 526.955 dependientes, una planilla que cada año crece, especialmente con el arribo del partido popular de tinte socialista y, cuyo pago representa uno de los gastos más onerosos que tiene la administración pública. Uno cree que ese medio millón y más son gente que trabaja en ministerios y reparticiones públicas y no es así.
Se evidencia que la mayoría está concentrada en los sectores de educación con 188,3 mil casos que representan el 44,4%; salud con los Servicios Departamentales de Salud, programas en salud y entidades de seguridad social con 65,9 mil, lo que significa el 15,5%, y entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se alcanza a 14,7% con 62,2 mil ítems. Es decir, que el 74,8% de los ítems del Sector Público están destinados a estos cuatro sectores. Solo el 2% está en el Ejecutivo.
De manera que, cuando se habla de reducir el aparato estatal y el gasto público, es probable que los candidatos hablen de eliminar gastos inútiles como el escribir las memorias del vicepresidente, los viajes de los parlamentarios, la entrega de vales para la gasolina del ministro, viceministro, directores y la secretaria, los gastos en meriendas y almuerzos, como si estas autoridades recibieran salarios de hambre. También se puede ahorrar miles si el Ejecutivo deje de sostener entidades floreros.
Sería bueno que los futuros gobernantes apoyen la iniciativa privada para que los cientos de profesionales y gente capacitada no mire al Estado como única fuente de trabajo. Alentar la inversión privada, las empresas unipersonales empieza por cerrar o cambiar radicalmente Impuestos Nacionales para que dejen su política de Drácula y alienten al joven profesional.
Por razones diversas se estatizó y burocratizó la economía y el modelo económico, porque se han generado miles de empleos, pero sin razón productiva, es decir, a la burocracia se le puso más burocracia y el Estado monstruo fue creciendo.
Este panorama ha favorecido el cohecho, un delito que, desde los romanos, fue considerado como la acción o efecto de sobornar o corromper al funcionario o magistrado para que el trámite se realice en menor tiempo o la pena y multa sea menor. La gran mayoría de los códigos penales, entre ellos el boliviano, ni siquiera mencionan la palabra «corrupción», aunque es el término más utilizado cuando se habla de los órganos que gobiernan el país.
Hace 25 años, la empresa Encuestas & Estudios Gallup Internacional, en su documento emitido Así Piensan Los Bolivianos, manifiesta que la preocupación de los ciudadanos se encuentra centrada en cuatro temas: económico (crisis, desempleo, sueldo y salarios), violencia, corrupción y pobreza. Según esta firma, las instituciones más corruptas o vulnerables son la Policía Nacional, La Justicia, Funcionarios Públicos y Aduana Nacional de Bolivia. Parece que nada ha cambiado.
- ERNESTO MURILLO ESTRADA
- PERIODISTA, ACADÉMICO Y DOCENTE UNIVERSITARIO
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