«Mantener indefinidamente un subsidio fiscalmente insostenible puede profundizar desequilibrios económicos»
Las reformas económicas suelen justificarse en nombre de la estabilidad, la sostenibilidad fiscal y la recuperación de la economía. Sin embargo, existe una cuestión que no puede quedar relegada a un segundo plano: ¿quién asume el costo social de esas decisiones?
En Bolivia, la eliminación de la subvención al diésel, oficializada en septiembre de 2026, reabrió un debate que trasciende la política energética. El incremento de los costos de transporte y producción repercute en la economía cotidiana y plantea un desafío para el Estado: compatibilizar el ordenamiento de las finanzas públicas con la protección efectiva de los derechos de la población.
El problema no puede analizarse desde posiciones absolutas. Mantener indefinidamente un subsidio fiscalmente insostenible puede profundizar desequilibrios económicos, generar distorsiones y comprometer recursos que podrían destinarse a otras necesidades públicas. Pero corregir esas distorsiones tampoco exime a las autoridades de evaluar los efectos de sus decisiones ni de adoptar medidas oportunas frente a sus consecuencias sociales.
La dimensión del problema exige atención. En octubre de 2026, la Defensoría del Pueblo informó que su monitoreo del acceso a alimentos, realizado en diez ciudades capitales y El Alto, identificó incrementos superiores al 100 % en 18 de los 21 alimentos básicos estudiados. El mismo relevamiento señaló que el 71 % de los hogares consultados consideraba insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos.
Estos datos evidencian una situación que merece respuestas institucionales concretas. Cuando el acceso a productos esenciales se deteriora, el debate deja de ser exclusivamente macroeconómico y adquiere una dimensión constitucional y social.
El artículo 16 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho al agua y a la alimentación, y establece el deber del Estado de garantizar la seguridad alimentaria mediante una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Este mandato no implica que toda variación de precios constituya automáticamente una vulneración constitucional, pero sí exige que las políticas públicas consideren sus efectos sobre el acceso efectivo a los alimentos.
Por ello, una reforma económica responsable no debería medirse únicamente por el ahorro fiscal que produce o por sus objetivos declarados. También debe evaluarse por su impacto en los hogares, la oportunidad de las medidas compensatorias y la capacidad institucional para identificar y atender a los sectores más afectados.
Esto requiere información pública verificable, seguimiento de precios, vigilancia frente a prácticas especulativas y mecanismos de protección focalizados en quienes enfrentan mayores dificultades. También exige transparencia respecto al destino de los recursos liberados y resultados que permitan determinar si el ajuste contribuye efectivamente a mejorar las condiciones económicas del país.
La responsabilidad pública consiste precisamente en reconocer que las decisiones económicas producen consecuencias reales y que estas deben formar parte de su evaluación. Ni la estabilidad fiscal puede convertirse en una justificación para ignorar el sufrimiento social, ni la protección social puede prescindir de la sostenibilidad de las políticas que la financian.
Bolivia necesita reformas capaces de corregir desequilibrios sin trasladar desproporcionadamente sus costos a quienes disponen de menos recursos. El desafío no es escoger entre estabilidad económica y bienestar ciudadano, sino construir políticas que permitan avanzar en ambas dimensiones con planificación, transparencia y responsabilidad.
Porque el éxito de una reforma no se demuestra únicamente en las cuentas del Estado, sino también en su capacidad para preservar las condiciones de vida y la dignidad de quienes lo sostienen.
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