Tanto el Gobierno nacional como las gobernaciones alcanzaron un consenso sobre la necesidad de desmontar la arquitectura legal y normativa que profundizó el centralismo en Bolivia. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, calificó el marco regulatorio actual como un sistema de “capas sobre capas” que restringió las libertades presupuestarias de las regiones. En este sentido, se planteó la revisión, modificación o abrogación de leyes y decretos que limitan la autonomía.
Esta coincidencia, que surge a raíz de la reunión entre esta cartera de Estado y los equipos técnicos de siete gobernaciones en Sucre, se centra en la eliminación de la condicionalidad del gasto, una práctica que obligaba a los departamentos a financiar bonos o prediarios con sus propios recursos.
Las autoridades nacionales consideran que estas obligaciones son un acto que arremete contra sus autonomías, ya que impiden que las regiones destinen sus recursos según sus propias prioridades. Para remediar esto, el Gobierno aseguró que avanza en propuestas de ley para levantar estas condiciones de manera paulatina.
Según Espinoza, el proceso de descentralización busca que el desarrollo del país parta genuinamente desde las regiones, siguiendo el compromiso del Ejecutivo. Para lograrlo, se necesita revisar normas como la actual Ley de Autonomías, a la cual el ministro se refirió como una norma que puso límites en lugar de fomentar el crecimiento regional.
Este esfuerzo implica un mapeo normativo de aproximadamente 130 normas que cercenaron las capacidades de gestión de ingresos de las alcaldías y gobernaciones.
La visión compartida por el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Autonomías es que el modelo “50-50” no puede ser solo una decisión política repentina, sino un proceso ordenado de desmontaje centralista.
Aseguró que se busca que cada región construya su propio espacio de libertad y autonomía funcional, este cambio de paradigma requiere que todos los niveles autonómicos estén de acuerdo con las grandes reformas estructurales que se plantean en la mesa de diálogo.
En última instancia, el fin del centralismo tiene como meta evitar que la burocracia estatal, ya sea central o regional, absorba los recursos del Estado. Espinoza señaló que el criterio del “50-50” es establecer una mejor relación entre niveles de gobierno para que el dinero se traduzca en servicios eficientes.
Liberando a las regiones de las restricciones centralistas, se espera que estas puedan responder con mayor agilidad a las crisis financieras heredadas de gestiones pasadas.
//FUENTE: CORREO DEL SUR//
