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La Fiscalía de La Paz dictó una resolución de sobreseimiento en favor del exgerente de PAT, José Luis Valencia, los asociados de esa cadena televisiva, Alondra Machicado y Juan Carlos Torrez y el ejecutivo de ATB, Marcelo Hurtado.
“Asimismo, analizados los antecedentes presentados en el transcurso de las investigaciones, concluimos que no se tiene un solo documento que acredite la comisión de los hechos denunciados, como tampoco se estableció el grado de participación en los hechos que se les sindican”, señala en el inciso: “valoración de los elementos objetivos de convicción”, de la resolución firmada por la fiscal Rocío Feraudi.
En una entrevista con Página Siete Digital, Valencia señaló que ya se iniciaron dos procesos contra quienes los denunciaron y fueron parte de “un consorcio que manipuló la justicia para perseguirlos” con móviles políticos.
La resolución de sobreseimiento fue emitida en noviembre de 2021 y figuraban como denunciantes la exsenadora Carmen Eva Gonzales, el empresario Abdallah Daher, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia.
El caso
El 11 de enero de 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, un juez determinó la detención preventiva, en el penal de San Pedro, para el presidente del directorio de ATB Marcelo Hurtado, imputado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y extorsión.
20 días después, el entonces director de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, informó que la Fiscalía había emitido órdenes de aprehensión contra el ejecutivo y accionista de ATB, Jaime Iturri, y contra los ejecutivos de la red PAT, Valencia y Óscar Lijerón. Todo el proceso fue desestimado por la Fiscalía luego de que el MAS volvió a ganar las elecciones en 2020.
Si bien la denuncia señalaba que existía un negociado de la publicidad del Estado con esa cadena televisiva, que supuestamente había evadido el pago de impuestos, el trasfondo del caso tenía que ver con la presunta compra forzosa de ese medio, como lo denunció Daher. El empresario afirmó que había puesto el canal a nombre de terceros con el fin de evitar que su hijo sea implicado en el Caso Terrorismo.
No obstante, la denuncia inicial fue presentada por un supuesto extrabajador de PAT, Cristóbal Abrego, quien en un documento detalló que Valencia y Hurtado habían creado varias empresas por medio de las cuales se lavaba dinero de la publicidad estatal. Entre los dueños de esas firmas figuraban un trabajador de PAT, el chofer de Hurtado y una vendedora de pan.
Sin embargo, Valencia negó el supuesto delito y afirmó que de acuerdo con los informes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), emitidos durante la investigación, no existieron movimientos ilegales de dinero. Asimismo, se reveló que Ábrego era un delincuente prontuariado y en agosto de 2021 fue detenido nuevamente como parte de un grupo que desfalcó a una cuenta en el Banco Unión.
Valencia señaló que los datos internos de PAT y las empresas relacionadas a este canal fueron brindados por Gabriel Espejo, uno de los trabajadores más antiguos de la televisora, que mantuvo contacto con Daher a lo largo de los años. Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía procesó a 22 personas, 18 de ellas fueron favorecidas con resoluciones de rechazo y ahora Valencia, Hurtado y los dos socios fueron sobreseídos.
El gerente explicó que a raíz de la manipulación de la investigación del caso PAT, durante la gestión de Añez se abrieron dos contrademandas. El primero lo inició el Ministerio de Gobierno, contra el exdirector de la Felcc Iván Rojas, a quien se lo sindicó por el direccionamiento político de más de 11 procesos, entre ellos el de PAT.
Varios casos
“El segundo es el nuestro, iniciado contra todas estas personas, por la manipulación de la información. La justicia estaba tomada, no pudimos ejercer defensa. En este caso también está denunciado Iván Rojas, está (el exministro de Gobierno) Arturo Murillo, Cristóbal Abrego, Gabriel Espejo e iremos ampliando contra todos los implicados”, detalló Valencia.
Durante 2020, Valencia, Hurtado y los otros denunciados afrontaron cuatro procesos penales, todos rechazados, entre los denunciantes también figuró el exministro Oscar Ortiz. Otro fue presentado por Espejo por presunta trata de personas y amenazas en contra de Valencia, también se lo archivó.
“Ellos se han limitado a presentar la denuncia y nunca más se presentaron, ni siquiera dieron su declaración informativa o entregaron una sola prueba. Solo hicieron un show político al hacer públicas las denuncias”, manifestó Valencia.
Por otro lado, Valencia señaló que hay otros procesos abiertos por Hurtado, a los que él se sumará, contra los fiscales del caso, quienes asegura tenían nexos con ministros del gobierno de Añez. En efecto, Hurtado presentó una denuncia por extorsión contra el exministro Yerko Núñez y contra el abogado de este, el exfiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.
Las contrademandas avanzan de manera lenta, pero ya se tiene la declaración de los investigadores policiales y un exfiscal, Iván Lima, quienes aseguraron que Iván Rojas direccionó los procesos contra Valencia por fines políticos.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//