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El Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2023 ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa para cumplir con los objetivos del Gobierno centralista de Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales, que durante 14 años manejó el Modelo Económico Social Productivo Comunitario (MESPC).
En su gestión como presidente coyuntural, Arce y su titular de Finanzas, Marcelo Montenegro, ambos docentes eméritos de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), muestran las macrocifras del país como si se tratase de un indicador que permite que Bolivia esté “por encimas de economías como la de Japón, Suiza y China”, según un reciente spot de propaganda que se difunde en las transmisiones televisivas del Mundial Qatar 2022.
Sin embargo, tanto los datos desglosados del PGE como las cifras reales del país desmontan esa propaganda y, en criterio de economistas liberales que participan en VISOR21, apuntan a una etapa de crisis económica para Bolivia que podría volverse insostenible a corto o mediano plazo.
El gasto público, que en la economía liberal tiende a ser reducido, en el MESPC del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) se desborda para el pago de salarios estatales; es decir, se gasta en sueldos de funcionarios públicos que en datos generales ya llegan al medio millón de personas.
El dato es preocupante si se toma el parámetro de las recaudaciones fiscales, los impuestos, que si bien subieron 6,1% entre 2022 y la proyección 2023, son ingresos que apenas cubren el gasto en sueldos para los servidores y burócratas del Estado.
La Fundación Milenio detalla que la recaudación tributaria alcanza a Bs 53.557 millones, distribuidos en Bs 45.010 millones en impuestos, Bs 6.275 millones por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y Bs 2.271 millones en Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD).
En tanto, los salarios se incrementarán en 4,5% para la gestión entrante que llegarán a Bs 47.253 millones, con 58% concentrado en los sectores de Magisterio, Salud, Policía y Fuerzas Armadas. Además de un gasto para el Órgano Ejecutivo por Bs 3.573 millones.
El economista Carlos Armando Cardozo explica que el gasto público es mayor y la concentración para el Ejecutivo de plaza Murillo lo es más, si se toma en cuenta que el nivel central controla los presupuestos de las Entidades Territoriales Autónomas, a través de sus recursos ya comprometidos en virtud a las competencias concurrentes, compartidas, exclusivas y privativas.
“Ese gasto no tiene ningún argumento que permita asegurar que traerá mayores réditos en el futuro; es decir, que generará rentabilidades ya sea a partir de nuevo recurso humano altamente calificado o en su defecto una sociedad más sana que permita potenciar su productividad”, cita Cardozo.
En tanto, el economista Hugo Balderrama advierte que el PGE 2023 incluye un déficit fiscal de 7,49% con lo que el país entra a su décimo año de cifras negativas, desde el final del auge de los precios altos del petróleo y el tope de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que llegaron a los $us 14 mil millones.
Precisamente, hoy, las RIN registran una caída a $us 3,7 mil millones con solo $us 800 millones en divisas, pero con $us 1.800 millones de deuda acumulada por concepto de bonos comprados, agrega Balderrama.
“Endeudar al país, destruir la economía de las familias bolivianas, despilfarrar las rentas de vejez y acosar con impuestos a los emprendedores, todo con el único fin de ostentar indefinidamente el poder, no puede considerarse política económica”, expresa.
Asimismo, el PGE establece que se incrementarán los recursos para mantener los bonos sociales que llegan a cerca de 4 millones de ciudadanos.
Los tres ítems más grandes para el pago de estos beneficios son la Renta Dignidad con un presupuesto de Bs 6.424 millones, el Juancito Pinto con Bs 473 millones y el Juana Azurduy con Bs 187 millones.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, al momento de presentar el ampuloso documento que se trató en la Cámara de Diputados, hace un par de semanas y que el Senado aprobó el viernes, explicó que la economía del país “es positiva” y partió de dos supuestos macroeconómicos para esa afirmación.
Los principales supuestos del PGE en términos macroeconómicos, dijo, son alcanzar una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 4,86% y una tasa de inflación de 3,57%, “la más baja de la región”, con un déficit “controlado” de 7,49%. Todo ello calificado como el “triunfo del modelo económico” que permite dar “estabilidad y crecimiento” a la economía boliviana.
Finalmente, Montenegro el sábado, negó que el MESPC sea centralista, como señaló la oposición con el dato de que 85% de los recursos del país se quedan en el nivel central en desmedro de los departamentos, municipios y regiones.
“No se puede decir que el 85% se concentra en la plaza Murillo y el 15% va a las regiones ¿cómo podrían vivir 336 municipios, 9 gobernaciones, 6 Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos y más de 10 universidades públicas con solamente el 15%?, es ilógico”, respondió el ministro, mientras se esperaba la promulgación del PGE que Arce realizó este domingo.
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