«Ius est ars boni et aequi»: el Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Así lo definió Celso, uno de los más influyentes jurisconsultos de la Roma clásica, cuya voz resuena aún hoy como faro ético para toda sociedad que se pretenda civilizada. Pero en Bolivia, esa definición ha sido traicionada. Ya no es arte, ni bueno, ni equitativo: el Derecho, tal como se aplica en nuestra realidad, se ha convertido en un espectáculo trágico, un instrumento desfigurado por intereses, poder y corrupción.
La reciente aprehensión del magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Campero, es el más reciente y alarmante episodio de una justicia en ruinas. Lejos de representar una depuración institucional, este hecho revela las raíces profundas de un sistema tomado por redes ilegales: se habla de un consorcio de abogados, jueces y operadores judiciales que, como una maquinaria paralela, manipulan fallos, tuercen procesos y venden sentencias. La justicia, en vez de ser el espacio de reparación, se ha convertido en el escenario de la traición al pueblo.
No es la primera vez que Bolivia enfrenta un escándalo judicial. Lo grave es que esta vez el terremoto alcanza a la cúspide del poder judicial. Campero, como magistrado suplente, no es un personaje marginal. Su detención pone en cuestión la credibilidad de la justicia ordinaria y, por extensión, la legitimidad de todo el aparato judicial del Estado. La pregunta es inevitable: ¿cuántos más están involucrados? ¿Cuánto más se ha podrido el tejido de la justicia en nuestro país?
La crisis no es solo institucional, sino también moral. La promesa de cambio que alguna vez acompañó a las reformas del nuevo Estado Plurinacional hoy se estrella contra una realidad dolorosa: los mismos males del viejo sistema siguen intactos, o incluso han mutado en formas más peligrosas y sofisticadas. El discurso del “proceso de cambio” ha sido vaciado de contenido, y la justicia, en vez de ser pilar de transformación, ha sido uno de los escenarios más crueles del fracaso.
Hoy, los principios que debían guiar la función judicial —independencia, imparcialidad, transparencia— han sido reemplazados por pactos oscuros, favores cruzados y una cultura de impunidad que margina al ciudadano común y protege a los poderosos. En los hechos, el Derecho ha dejado de ser arte: ha sido reducido a mercancía.
Volver a Celso no es un ejercicio erudito. Es una necesidad urgente. Si el Derecho no recupera su carácter de arte —un arte al servicio del bien y de la equidad—, entonces estamos condenados a la barbarie jurídica. En un país donde la mayoría de los detenidos están privados de libertad sin sentencia, donde la prisión preventiva se usa como castigo anticipado, y donde la corrupción judicial es sistémica, hablar de justicia se vuelve casi un sarcasmo.
Pero no todo está perdido. La indignación ciudadana, el repudio colectivo y el debate abierto que ha generado este caso pueden convertirse en punto de inflexión. La justicia boliviana debe ser refundada no solo desde las leyes, sino desde la ética. Necesitamos una nueva arquitectura institucional, sí, pero también una revolución moral que haga del juez no un mercader de fallos, sino un guardián de la equidad. Una sociedad que se respete a sí misma no puede tolerar que sus tribunales se conviertan en antros de corrupción.
Lo que está en juego no es solo la reputación de un magistrado, ni la imagen del sistema judicial. Lo que se pone en juego es el pacto civilizatorio que nos permite vivir bajo la promesa de lo justo. Si esa promesa se rompe, lo que sigue es la ley del más fuerte. Y entonces, la barbarie.
Es hora de rescatar el sentido profundo del Derecho. Que vuelva a ser lo que Celso dijo: el arte de lo bueno y lo equitativo. No por nostalgia, sino por supervivencia democrática. Porque sin justicia, no hay república. Y sin república, solo queda el abismo.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Coordinador de Estudiantes por la Libertad en La Paz, con estudios de posgrado en Historia de las ideas políticas y Estructura de discursos electorales.
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
