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La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa ha remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe médico realizado por un equipo de galenos al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que recomienda se “cumpla con los protocolos internacionales para este tipo de tratamiento (aplicación de las inmunoglobulinas), administración controlada en ambiente hospitalario, debido a los riesgos de reacciones adversas agudas y graves durante su aplicación”.
Al respecto, la senadora Centa Rek, señaló que en la carta dirigida a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, se le reclama por el cierre intempestivo y arbitrario de la solicitud de Medidas Cautelares a favor del gobernador Luis Fernando Camacho, el pasado 1 de agosto, bajo el argumento de que “no se cumplen los requisitos del artículo 25 del Reglamento y que el Estado boliviano ha brindado la atención y facilidades médicas para atender la situación de salud del propuesto beneficiario”, situación que generada sorpresa en los parlamentarios de Creemos, porque desde la fecha de solicitud, 28 de diciembre de 2022, se ha enviado de forma permanente toda la documentación de las torturas de las cuales es víctima el gobernador cruceño, por lo cual se ha solicitado una reunión para revisar el caso.
En ese entendido es que la Bancada de Creemos en la carta está solicitando una reunión formal con los miembros de la CIDH para presentar toda la documentación sobre la situación de salud de Camacho, cuya vida corre un riesgo inminente por “las enfermedades graves que padece, sumado a la hipertensión arterial, causada por el tratamiento tortuoso al que ha sido sometido y la negligente actuación de supuestos profesionales médicos que descontrolaron su salud y metabolismo hasta propiciar una pérdida considerable de peso y la depauperación de su estado”.
“…consideramos prudente y necesario solicitar formalmente, una reunión con el equipo de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma virtual, para que nos trasmitan las razones en las que se basaron para cerrar el trámite en favor de nuestro Gobernador, y los estándares que ahora manejan para proceder al otorgamiento de medidas cautelares”, indica la carta firmada por los parlamentarios de Creemos.
Los resultados de la junta médica que diagnosticó al gobernador Luis Fernando Camacho fueron remitidos al juez Roberto Parada, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Primero de Santa Cruz, a quien le hacen conocer que “en caso de no poder controlar la hipertensión arterial y se constante síndrome anginoso, se sugiere que el paciente debe estar en un lugar no mayor a los 2000 metros sobre el nivel del mar”. Además, en el punto Siete del mismo informe, los especialistas revelan que “debido a la patología inmunosupresora que cursa se sugiere su permanencia en un ambiente libre de patógenos; además del cuadro de hipertensión que en el caso de no controlarse podría dar lugar complicaciones irreversibles que puedan poner en riesgo su vida”.
“El Gobernador corre el riesgo de morir en cualquier momento por el síndrome anginoso, porque su corazón puede quedar sin oxígeno y producirse un ataque cardíaco peor aun padeciendo de hipertensión arterial, así lo indica el Informe Médico de 16 de agosto de 2023 , que concluye que sus enfermedades requieren de cuidados especializados pues son incurables y que debe ser internado para ser valorado y diagnosticado objetivamente, además que no debe permanecer a más de 2000 kilómetros sobre el nivel del mar (Ver Recomendaciones de la 1 a la 7 del Informe Médico adjunto), demostrando que en el caso del Gobernador se evidencian los requisitos de urgencia, extrema gravedad y la posibilidad latente de un daño irreparable a su salud y peor aún a su vida, establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. Nos preguntamos entonces cuál ha sido el motivo y fundamento de la decisión de cierre de este trámite por parte de la Comisión, si el Estado ha permitido su revisión de forma reciente, posterior al no otorgamiento., no nos queda más que advertir subjetividades e ilegalidades en tal decisión”, señala en parte saliente la carta enviada a la CIDH por los senadores y diputados de Creemos.