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Una comisión de fiscales ordenó el sobreseimiento definitivo en favor de la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Deisy Judith Choque Arnez, y de Sergio Veizaga Arteaga, hermano de la viceministra de Deportes Cielo Jazmín Veizaga Arteaga, por la muerte de dos cívicos del municipio de Montero, durante los conflictos sociales en octubre de 2019.
Las víctimas de este caso son: Marcelo Ricardo Terrazas Seleme y Mario Salvatierra Herrera. Ambos murieron producto de proyectiles de armas de fuego que le perforaron sus pulmones y lesionaron otras partes de sus cuerpos. Terrazas murió el 30 de octubre de 2019 y Salvatierra un día después, en el barrio Cofadena.
Por este caso, la justicia ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Deisy Judith Choque, que en ese entonces no era parlamentaria. Quien no fue detenido es Sergio Veizaga, pese a que los familiares de las víctimas denunciaron que este regresó a vivir al barrio Cofadena meses después de los hechos violentos.
Choque, actual diputada del MAS, logró su libertad en agosto de 2020, luego de permanecer siete meses en el penal de Palmasola, acusada de los presuntos delitos de homicidio, asociación delictuosa, fabricación ilícita e instigación pública a delinquir.
En ese entonces, los fiscales asignados al caso, Cirilo Chambilla y Daniel Ortuño, denunciaron que el juez Róger Salvatierra se parcializó con Deisy Judith Choque y ordenó su liberación pese a no presentar pruebas para desvirtuar los riesgos procesales en su contra. Además, denunciaron que el juez prohibió hablar a uno de los fiscales.
Chambilla y Ortuño, en esa ocasión, informaron que los otros detenidos de este caso revelaron que Deisy Choque llevó a cabo una reunión en el barrio Cofadena (Montero) para planificar los enfrentamientos por el desbloqueo del puente de La Amistad y donde perdieron la vida con disparos de armas de fuego los dos cívicos y quedaron heridas más de 60 personas.
Sin embargo, estos dos fiscales fueron cambiados y los que continuaron la investigación y ordenaron el sobreseimiento del proceso contra la diputada del MAS y el hermano de la viceministra de deporte son: Carlos Candía Justiniano, Luis Alberto Lafuente Pozo y Herlan Rodríguez Cuevas.
En el documento de sobreseimiento, al que tuvo acceso EL DEBER, los fiscales resuelven que “no existen elementos de pruebas suficientes que destruyan la presunción de inocencia de los imputados a efectos de fundar una acusación, toda vez que en base a la relación fática del hecho y de derecho se evidencia que el tipo penal imputado provisionalmente como homicidio, asociación delictuosa, fabricación ilícita e instigación pública a delinquir no se podría sostener en un eventual juicio público y contradictorio”.
Esa determinación de la comisión de fiscales fue firmada el miércoles 30 de agosto y fue rechazada por los familiares de los dos cívicos fallecidos, quienes anunciaron que este martes, 5 de septiembre, brindarán una conferencia de prensa para manifestar su posición respecto al sobreseimiento.