El Consejo Permanente de la OEA escuchó este jueves el informe de la Misión de Alto Nivel que desplazó a Bolivia a fines de julio. El documento plantea nueve conclusiones para entregar al gobierno boliviano. Estos son los nueve puntos.
• Establecer un amplio acuerdo en respaldo de los mandatos surgidos democráticamente y del orden constitucional del país, reafirmando que las demandas sociales deben plantearse respetando estos principios y sin recurrir a la violencia para intentar alterar las instituciones democráticas o sus respectivos mandatos.
• Establecer un mecanismo permanente y plural de diálogo entre el Estado y los distintos sectores de la sociedad, con la participación de organizaciones indígenas, campesinas, laborales, empresariales y de la sociedad civil.
• Construir, mediante un proceso de diálogo inclusivo en el que participen todos los actores sociales y políticos, un marco de entendimiento que permita prevenir tempranamente los conflictos sociales; fortalezca el Estado de derecho, las libertades fundamentales y las instituciones democráticas; y garantice tanto el ejercicio del derecho a la protesta como que esta no ponga en peligro la vida de otras personas ni impida la circulación de insumos, servicios y suministros esenciales.
• Promover la participación efectiva de las organizaciones sociales, particularmente las organizaciones indígenas y campesinas, en la elaboración de las leyes y políticas públicas que las afecten directamente.
• Proteger el derecho a la protesta pacífica y garantizar, al mismo tiempo, los derechos de terceros a la vida, la salud, la alimentación, la libertad de circulación y el acceso a otros servicios esenciales, incluyendo medidas destinadas a proteger la infraestructura crítica y establecer corredores humanitarios y logísticos durante futuros períodos de protesta.
• Analizar la adopción de medidas eficaces para apoyar la recuperación económica del país, incluida la creación de un marco regulatorio propicio para atraer inversiones y de mecanismos que fortalezcan la resiliencia de los sectores productivo, comercial y de servicios.
• Fortalecer la protección y las garantías para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, incluida la adopción de una ley de acceso a la información pública acorde con los estándares interamericanos aplicables.
• Continuar y profundizar las investigaciones sobre los actos de violencia ocurridos durante el período de conflictividad, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas procesadas.
• Fortalecer las capacidades de monitoreo, mediación, prevención y gestión de conflictos y manejo de crisis de la Defensoría del Pueblo, y considerar la promoción de una reforma orientada a brindar mayor transparencia al sistema de justicia del país.
//FUENTE: EL DEBER//
