Los avasalladores convirtieron al municipio de Arbieto en una zona estratégica desde la cual operan para despojar a hacendados y comunarios de sus tierras productivas en el valle alto.
La facilidad para aprobar urbanizaciones y la complicidad de algunas autoridades municipales y funcionarios de Derechos Reales para favorecer a loteadores quedaron al descubierto en una auditoría, según documentación a los que accedió Los Tiempos.
Sólo entre 2014 y 2015 se logró identificar que funcionarios de la Alcaldía de Arbieto y personal de Derechos Reales de Punata aprobaron y registraron nueve urbanizaciones ilegales en áreas agrícolas, de acuerdo con el informe de auditoría AL CM Nº054/2016 del Consejo de la Magistratura.
Las urbanizaciones observadas son: Soto Sejas, Víctor Chambi, Fortaleza I, Fortaleza II, Flores Rancho III, Terrazas, Señor de Mayo, Cristal Mayu y San Carlos I.
“La Unidad de Auditoría Interna del Órgano Judicial ha realizado trabajo de auditoría en la oficina de Derechos Reales de Punata concluyendo con el informe UNAI CBBA Nº 02/2015 del que se desprende la presunta comisión de delitos relacionados a aprobación ilícita de urbanizaciones en la jurisdicción territorial del municipio de Arbieto y la oficina de Derechos de Punata, a mérito de dicho informe del Consejo de la Magistratura a ordenado se inicie acciones penales”, refiere el escrito.
Tras el conocimiento de estos ilícitos, se habría interpuesto una denuncia formal ante el representante del Ministerio Público de Tarata en junio de 2015 para que los responsables sean investigados, según los antecedentes de la auditoría de la Magistratura.
El informe detalla que, el 10 de mayo de 2010, el Ejecutivo municipal homologó con una resolución la Ordenanza Municipal 036/2007 de fecha 12 de noviembre de 2007, que aprueba el Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial de Arbieto (PMOT), por el cual se incorporan al Área Urbana de Arbieto diferentes zonas agrarias.
Sin embargo, la norma en cuestión fue revocada con la Resolución Suprema Nº 13670 del 26 de noviembre de 2014, que fue firmada por entonces presidente Evo Morales y la ministra de Planificación del Desarrollo, quienes instruyeron a la Alcaldía el cumplimiento de la misma.
Aunque la anulación de la norma buscaba proteger las áreas productivas, es a partir de 2011 que la cantidad de urbanizaciones aprobadas comenzaron a subir de acuerdo al informe técnico 046/UUA/2016, que elaboró la Dirección de Urbanismo el 15 de julio de 2016.
El detalle del documento describe que de 1999 a 2015 se aprobó un total de 28 urbanizaciones, de las que al 40 por ciento se le dio curso los últimos tres años.
Hasta 2004, el promedio de urbanizaciones autorizadas era de una o dos, pero es partir de 2005 que empiezan a subir hasta seis por gestión. En la lista de los tramitadores, las víctimas de avasallamientos identificaron a clanes y exsubalcaldes.
Este medio intentó contactar sin éxito al encargado de Urbanismo de Arbieto para conocer qué acciones legales se iniciaron y en qué quedaron los procesos contra los exfuncionarios que dieron curso a los trámites irregulares. En una visita a las oficinas de la dependencia municipal, un funcionario indicó que el director del área se encontraba en una reunión, pero ante mucha insistencia.
Las irregularidades identificadas corresponden a la gestión del exalcalde del MAS, Diógenes Escobar.
El Consejo de la Magistratura envió una nota reiterativa el 10 de marzo de 2017 al entonces alcalde Renold Almendras, también del oficialismo, para recomendar el inicio de acciones penales por los presuntos ilícitos.
Con la finalidad de conocer el estado de estos procesos se buscó al actual alcalde Crispín Chiri, pero éste no atendió a las consultas pese a que se programó una entrevista.
Desde el Consejo de la Magistratura se comprometieron a averiguar en qué quedó el caso para dar información.
Sobre el tema, el presidente del Concejo, Arturo Vargas, dijo que los actuales legisladores fiscalizan que se cumplan las normas para las nuevas urbanizaciones.
Trámite se hacía en apenas unos meses
Mientras en la ciudad de Cochabamba o en otros municipios del eje metropolitano la aprobación de una urbanización por parte de las alcaldías demora un promedio de cuatro años, en Arbieto el trámite se concluía en meses, de acuerdo a los informes técnicos.
En una revisión se constató que las resoluciones aprobadas varían en las fechas con semanas o días. En la lista de las nueve urbanizaciones que fueron observadas en la auditoría, se puede apreciar también que una sola persona tramitó hasta dos en el mismo año.
El año en que se llegó a aprobar más trámites fue en 2015, antes del cambio de alcalde.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//