El Comité Cívico pro Santa Cruz entregó este domingo, toda la información documentada que se logró recabar durante el operativo de desalojo a los grupos de avasalladores en el predio Patujú, del municipio de Montero.
Las pruebas, consistentes en notas, libros y cuadernos que se rescató de los avasalladores, revelan una estrecha coordinación y además posibles nexos con autoridades judiciales e incluso del Gobierno, con quienes se realizan estas tomas ilegales de tierras.
Por ejemplo, el presidente cívico Stello Cochamanidis, mostró algunos cuadernos con listas de aportantes, con sumas de Bs 100 por persona, que sirven para su organización “por turnos” para entrar a la propiedad cañera del municipio de Montero.
En algunos libros también detallan “pagos para jueces” y se tiene identificadas a dos personas que serían administradores de justicia ligados a estos grupos de avasalladores.
Para Cochamanidis, los avasalladores no solo coordinan sus acciones con algunos jueces para actuar con total impunidad, sino también con el propio Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pues detectan las propiedades que se encuentran con procesos de saneamiento y titulación para proceder a su toma violenta. Esos grupos, agregó, son parte de la estructura del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El MAS es una organización criminal y quienes son parte de estos avasallamientos son parte del MAS. Esta gente tiene información que ni los dueños tienen, por tanto es gente que trabaja con el INRA que les facilita la documentación”, explicó.
Los cuadernos fueron entregados en audiencia de este domingo a la juez asignada al caso, con constancia para la Fiscalía Departamental.
“El que se entra a un lugar que no es suyo es un delincuente, que entra sin permisos a un predio que es privado es un delincuente; por tanto, se los debe tratar así y acá debe imperar la ley”, afirmó el líder cívico.
Por su parte, el vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, calificó a esos grupos de avasalladores como “terroristas”, porque portaban armas y tenían todo armado para lotear esa hacienda.
La propiedad Patujú ubicada en Montero, fue tomada a finales de septiembre por unos 300 avasalladores que se trasladaron a la zona, para edificar casetas y comenzar a delimitar o parcelar la tierra. Con esa acción afectaron la siembra de caña.
Posteriormente, esos grupos pusieron un cerco para impedir la salida de los propietarios y sus trabajadores, familias enteras, que cumplen labores en la hacienda. El dueño Pablo Vaca Díez fue el más afectado, luego de ser agredido y amenazado de muerte.
El hecho fue de conocimiento del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien impulsó una caravana para verificar esa situación y la denuncia de secuestro de los propietarios. Al llegar al lugar, los avasalladores pusieron resistencia, aseguraron que los dueños no tenían papeles titulados y luego trataron de agredir a Camacho.
El gobernador logró pasar hacia la hacienda, tres kilómetros adentro, con un par de movilidades, mientras otro grupo de la caravana de cívicos, asambleístas y periodistas tuvo que retroceder y salir del lugar mientras eran apedreados y recibían impactos de petardos. Varias movilidades quedaron con los parabrisas destrozados. Camacho instaló una vigilia y exigió la presencia policial.
La Policía luego realizó un operativo con un importante contingente desplazado hasta Montero. El predio fue desalojado y se logró detener a siete avasalladores, además de liberar a las personas que estaban retenidas desde finales de septiembre.
