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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición de Zvonko Matkovic Ribera contra el Estado boliviano por la vulneración a sus derechos humanos y la excesiva detención preventiva que se aplicó a él y otros encausados en el montaje del caso terrorismo de 2009.
El informe de admisibilidad 139/22 de la CIDH fue fechado el 27 de junio y establece que el peticionante cumplió con varios de los requisitos que establece la Convención Americana, por tanto, derivó el caso y estableció “notificar a las partes la presente decisión, continuar con el análisis del fondo de la cuestión y publicar esta decisión e incluirla en su informe anual a la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con la decisión firmada por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón y el secretario Jorge Meza, se abre la posibilidad de establecer una reparación a Matkovic, actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, quien pasó cerca de ocho años en distintas cárceles del país y otros dos años en detención domiciliaria antes que el caso sea archivado con la sentencia absolutoria del 4 de febrero de 2020, ratificada con la ejecutoriada del 16 de junio del mismo año.
Matkovic fue sindicado con otras 39 personas en el montaje del caso Rósza, por el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas en abril de 2009. El joven cruceño llegó a La Paz para prestar su declaración en calidad de testigo, pero la Fiscalía, al mando del entonces “súper fiscal” Marcelo Sosa, pidió su aprehensión y detención preventiva en menos de 24 horas.
Sosa alegó que la familia Matkovic había dado “alojamiento” a Eduardo Rósza y su grupo irregular en la hacienda “Z” de Santa Cruz. También mostró una llamada de Héctor Chiqui Laguna, supuesto miembro de ese grupo, a Zvonko que ni siquiera fue contestada, pero sirvió para establecer “obstaculización de la justicia”.
El cívico cruceño fue encarcelado en el penal de San Pedro el 19 de marzo de 2010 y durante los primeros años presentó al menos siete solicitudes y acciones de libertad que fueron rechazadas por los distintos tribunales en La Paz. Asimismo, se rechazó un hábeas corpus, pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que beneficiaban a Matkovic, pero que nunca entraron al fondo de la petición y fueron objetadas por los juzgados ordinarios.
Entre los argumentos para el rechazo a las solicitudes de modificación de medidas cautelares, para dejar la cárcel, se mencionó que “no se presentó certificación de la Gobernación de San Pedro para acreditar el tiempo exacto de permanencia en detención”. En otra oportunidad también se arguyó el traslado del cuaderno de investigaciones a Santa Cruz y finalmente, en 2014 el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hizo su rechazo a la tutela del TCP porque “no se realizó una adecuada valoración del acervo probatorio”.
Ante la petición de Matkovic y otros procesados en el montaje Rósza, presentada ante la CIDH en 2015, el Estado boliviano emitió dos respuestas en 2020. La primera afirma que la sentencia absolutoria constituye “suficiente reparación”, además que los sindicados no agotaron todas las instancias internas del país.
La otra respuesta alude al beneficio de detención domiciliaria que obtuvo Matkovic, el 9 de enero de 2018, a casi ocho años de su encarcelamiento, como una muestra del “cumplimiento” interno; por tanto, citó el Estado, “se solicita archivar la petición”.
Zvonko Matkovic vio deteriorada su salud durante los años de encierro, pues requería sesiones de fisioterapia por una lesión congénita en la espalda. Ninguna petición le fue aceptada y solo cuando el gobierno de transición constitucional se volvió a tratar el caso en juzgados.
Tras la restitución de sus derechos civiles, Matkovic fue candidato a Senador por la alianza Creemos de Luis Fernando Camacho. Obtuvo el curul por Santa Cruz, pero renunció para retornar a la capital oriental como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, luego de las recientes elecciones subnacionales.
El juez Sixto Fernández, uno de los principales operadores para mantener encarcelados a los líderes cívicos y empresarios cruceños, tuvo que aceptar el retiro de la denuncia por parte de la Fiscalía General y en 2020 emitió el fallo que comprobó que todo el proceso sobre el grupo irregular de Eduardo Rósza, ejecutado con dos de sus colaboradores el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, fue un montaje judicial. El juez murió por Covid-19 en abril de 2021.
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