Caso Bascopé de la RJC es otro proceso montado en base a declaración de cuatro policías

El abogado Jorge Valda denunció que el caso de Mario Bascopé, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), sentenciado a 10 años de prisión por tráfico de sustancias controladas fue armado por el Ministerio de Gobierno.

Aseguró que existieron notificaciones armadas, no se demostró con pruebas fehacientes su culpabilidad y que bastó la declaración de cuatro efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en contra de su cliente.

“Las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, resultan ser temerarias y falsas. La sentencia de Mario Bascopé es un proceso absolutamente montado, se lo sindica de un supuesto tráfico de sustancias controladas dentro un vehículo que ya no le pertenecía porque lo vendió el año 2015”, explicó el jurista a la ANF.

Acotó que lo “peor es que en la acusación y el juicio los únicos testigos son cuatro policías llevados por el Ministerio de Gobierno (…) ¿Qué dicen los testigos? Son sargentos, y señalaron que Francisco Bernal, conductor de la movilidad, iba sólo; ninguno reconoció a Mario Bascopé y de lo que se están agarrando es que uno de ellos dijo que la droga era del dueño”, detalló.

El proceso inicio el año 2015, cuando un vehículo fue detenido con sustancias controladas en Bulo Bulo, Yapacani. El conductor Francisco Bernal no fue procesado ni investigado, porque el motorizado estaba a nombre de Mario Bascopé quien se dedicaba a la compra y venta de autos.

Bascopé participó de las manifestaciones sociales de octubre de 2019 previo a la renuncia de Evo Morales, por esa participación pesa en su contra otro proceso por el delito de portación de explosivos.

El octubre de 2021, Bascopé fue sentenciado a 10 años de privación de libertad por el delito de tráfico de sustancias controladas y este pasado miércoles la justicia determinó negar la apelación a la sentencia presentada por su defensa.

Según el jurista durante el juicio lo único que lograron incorporar como prueba extraordinaria fue el recibo de la transferencia del vehículo, pero no lo consideraron, como tampoco el boleto de pasaje que acreditaba que estaba en EEUU. “El vehículo lo transfirió dos años antes, el 2015, no existe un solo nexo que pueda generar su participación se quiere dar legalidad a un proceso totalmente montado”, insistió.

“Una persona no puede responder por el accionar de terceras personas, durante todo este tiempo nos encontramos en indefensión porque Mario Bascopé nunca fue notificado con el proceso, existieron notificaciones secretas. Recién se tomó conocimiento de esta causa el 24 de diciembre de 2020 cuando fue sacado de su casa por la fuerza en cumplimiento a un supuesto mandamiento de rebeldía con un requerimiento de acusación”, argumentó.

Para Valda es extraño que Francisco Bernal nunca fue detenido, cautelado, sentenciado, se abstuvo a declarar, pero la Fiscalía y los jueces no valoraron que tenía dos antecedentes penales por el delito de narcotráfico y en este caso fue encontrado en flagrancia transportando las sustancias controladas.

“¿Por qué a Francisco Bernal la Fiscalía no lo investigó ni cauteló? Nosotros creemos que ni siquiera existe y lo que está claro es que la justicia se ensañó contra Mario Bascopé por ser parte de la RJC que es legítima, él no cuenta con antecedentes”, aseguró.

El pasado miércoles 24 de agosto, el ministro de Gobierno en su cuenta de Twitter publicó que “se negó la apelación a la sentencia de Mario Bascopé uno de los cabecillas de la RJC organización parapolicial y criminal”. También mostró su fotografía, lo que generó la protesta del abogado porque nadie puede ser tratado ni mostrado como criminal si no cuenta con una sentencia ejecutoriada.

“No nos cansaremos para hacer justicia, ahora se presentará al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de casación para lograr su libertad”, señalo Valda.

El profesional comparó este caso con el de los tres jóvenes de la Resistencia Juvenil La Paz detenidos en el penal de San Pedro, señaló que se está usando a efectivos militares y policías para armar casos para y sentenciar a personas inocentes cuyo delito fue participar en las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales en 2019.

//FUENTE: ANF//