Las familias de los uniformados acusados por la asonada militar de junio del 2024 denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la vulneración de sus derechos, debido a que les suspendieron el seguro médico y restringieron el pago de salarios durante un año y ocho meses.
«Es un daño irreparable e irremediable. Nosotros vamos a acudir a la CIDH porque alguien tiene que responder por los daños que han ocasionado a sus familias. De manera paralela, vamos a presentar un nuevo amparo constitucional para que se restablezcan todos los beneficios», afirmó el abogado Daymo Jeria, en declaraciones a la ANF.
Son 21 militares, incluido el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, los acusados por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por la toma militar de plaza Murillo ocurrida el 26 de junio de 2024.
El jurista explicó que, desde agosto de 2024, las Fuerzas Armadas decidieron suspender el pago de salarios a los militares procesados por el supuesto golpe fallido y también les retiraron el seguro médico.
Afirmó que esta última medida fue la más grave, ya que al menos 10 menores de edad no pudieron recibir atención médica ni pudieron someterse a intervenciones quirúrgicas que ya estaban programadas.
Reveló que el hijo de uno de los uniformados fue intervenido quirúrgicamente y no pudo completar su recuperación en el hospital Cossmil porque el seguro de salud de su padre fue suspendido. Señaló que la familia del menor tuvo que asumir los gastos médicos.
El abogado indicó que en enero de este año ganaron un amparo constitucional que permitió la restitución del pago de los salarios y del seguro médico. Sin embargo, sostuvo que ese fallo no es suficiente, ya que las Fuerzas Armadas también deben reponer los salarios retenidos a los uniformados.
Anunció que en los próximos días presentará un nuevo amparo constitucional para exigir la devolución de los salarios retenidos, tomando en cuenta que durante un año y ocho meses las familias de los uniformados procesados no contaron con ingresos económicos.
Finalmente, cuestionó la actuación de los jefes militares, a quienes acusó de seguir el «libreto» del anterior Gobierno y vulnerar los derechos de las familias de los uniformados que, según su versión, solo siguieron órdenes del excomandante Zúñiga.
A su criterio, esos jefes militares también deben asumir su responsabilidad ante la justicia ordinaria.
//FUENTE: ANF//
