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La diputada nacional María René Álvarez envió una nota a la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en junio, para solicitar la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales sobre proyecto carretero La Guardia – Buena Vista, que hoy conflictúa a la sociedad con un bloque de caminos en la vía que une a Santa Cruz con Cochabamba.
La solicitud se encuentra sin respuesta, explicó la legisladora en entrevista con la periodista Maggy Talavera, por la falta de una firma de aprobación dentro de esa instancia de cooperación internacional que fue la financiadora del proyecto carretero con 112 millones de dólares, mediante Ley 1042 aprobada el 7 de abril de 2018.
El proyecto de la carretera kilómetro 13 de La Guardia, entre Las Cruces y Buena Vista, pretende intervenir el acuífero de agua dulce de la región y con ello se pondría en riesgo el abastecimiento del líquido elemento para el departamento y la ciudad capital.
La instancia encargada del proyecto es la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y tiene el diseño de la carretera en el área que comprende a la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güenda – Urubó, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para Santa Cruz, remarcó la diputada cruceña.
La diputada cruceña por la circunscripción 54, resaltó que la cooperación internacional aprueba créditos para el nivel central de Gobierno con la excusa de atender temas medioambientales, y que los proyectos presentados siempre comprenden características de preservación que en los hechos no se cumplen.
“El Gobierno utiliza el medioambiente para pedir préstamos”, sentenció.
En la nota enviada a la CAF se recuerda que esa instancia internacional postula los principios de: “Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales y Sociales, Utilización de recursos naturales renovables, Conservación de la diversidad biológica”. Por tanto, sus ejecutivos en Bolivia tienen que atender a la población y velar porque el crédito que otorgaron al Gobierno, mediante el Ministerio de Obras Públicas, no atente contra la vida de los cruceños.