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El gobernador Luis Fernando Camacho envió tres proyectos de ley medioambientales a la Asamblea Legislativa Departamental, la información fue dada este martes por Efraín Suárez, asesor de la Gobernación cruceña, quien leyó una carta enviada por la primera autoridad del departamento, desde su encierro en Chonchocoro.
En la misiva, Camacho hace una relación a lo ocurrido el pasado 4 de octubre cuando dice que fueron notificados con la sentencia constitucional 076/2023 a través de la cual “se pretende limitar el ejercicio de las competencias departamentales” que tiene la Gobernación cruceña para promocionar y conservar nuestro patrimonio natural.
En ese sentido, como Ejecutivo Departamental, fue que ahora se hizo efectiva la presentación ante la ALD de tres proyectos de ley elaborados a partir de competencias exclusivas que ostenta el Gobierno departamental “por imperio” de la Constitución Política del Estado y el Estatuto Autonómico Departamental.
1. Ley de promoción y conservación del patrimonio natural del departamento de Santa Cruz. Delimita un marco jurídico para la conservación del Patrimonio natural Departamental, promoviendo el turismo y desarrollo sostenible del departamento de Santa Cruz, establece la creación de 11 unidades de Conservación de Patrimonio Natural y establece la aplicación de una pausa ambiental en estas áreas.
2. Ley departamental del plan de uso del suelo de Santa Cruz, que desarrolla la competencia exclusiva departamental de elaboración y ejecución de planes de uso de suelo en el departamento de Santa Cruz; además de crear la obligatoriedad de certificación de asignación de uso de suelo y certificación de cumplimiento de la asignación de uso del suelo.
3. Ley de ordenamiento territorial del departamento de Santa Cruz. Establece la creación de instrumentos técnicos de planificación obligatorios para ordenamiento territorial, asentamientos humanos y toda actividad que involucre la utilización del suelo en la jurisdicción departamental.
En la misiva, Camacho destaca que estos proyectos de ley garantizarán la vigencia, protección y conservación de las unidades de conservación y protección, que se vieron afectadas por este fallo del TCP, y en especial, con relación a los acuíferos Güendá-Urubó, por lo que representaría un resguardo normativo adicional.