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El expolicía Blas Valencia ya se encuentra en libertad luego que fuera beneficiado ayer, por orden de la juez tercero de Ejecución Penal, Sindy Romero, para concluir su condena en libertad condicional.
Carlos Gómez Rojas, abogado de Valencia en el juicio contra Bolivia en la CIDH, confirmó que la salida de su defendido debía efectuarse hace un año y que las autoridades se demoraron.
Valencia se encontraba en el PC7 de Palmasola, juzgado por asesinato, robo agravado y organización criminal.
Blas Valencia, el otrora poderoso coronel y conocido como un policía bonachón, pero responsable de matar a balazos a dos de sus camaradas y a un civil en atracos millonarios, purgaba una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero fue calificado por Régimen Penitenciario para optar al derecho de libertad condicional, la que, finalmente consiguió este jueves.
ATRACO A PROSEGUR
Blas Valencia fue condenado a 30 años sin derecho a indulto por asesinar a dos policías durante el robo de 385 mil dólares de una furgoneta de Prosegur, el 14 de diciembre de 2001.
A las 10:30 de la mañana del 14 de diciembre del 2001, una furgoneta de Prosegur descendía por la avenida Kantutani, en la ciudad de La Paz, con dos policías, el portavalores y otro empleado de la empresa. Llevaban más de 385.000 dólares en el interior. Sin embargo, por el mismo carril de bajada, dos vehículos estaban subiendo, uno era una peta de color amarillo.
Posteriormente, se supo que, al menos, cuatro peruanos y el entonces jefe policial Blas Valencia estaban en el lugar del asalto.
Durante el juicio pidieron perdón, lloraron y se arrodillaron. Sin embargo, el 16 de mayo de 2003, Valencia recibió la máxima pena sin derecho a indulto.
En 2001 dio varios golpes en el eje central del país, ya que se lo identificó plenamente en robos a mano armada en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Todos los hechos tenían algo en común, fuertes sumas de dinero.
Paralelamente, el coronel se movía muy bien dentro de la Policía; sabía con quiénes hablar para ser protegido y también buscaba aliados. Así, contactó al entonces mayor Freddy Cáceres, que tenía un puesto en La Paz y grandes vínculos con el Estado Mayor de la Policía, algo que interesaba a Valencia.
Ambos planificaron el atraco a Prosegur, pero fue Cáceres quien se encargó de blindar a la banda delictiva. Horas después del asesinato a las tres personas y el robo millonario, eCáceres llegó al Comando General de la Policía con un maletín con 150.000 dólares, parte del botín, que fue entregado al entonces comandante Walter Osinaga.
Cuando la policía intervino la casa de Valencia para detenerlo, ingresó con armas de fuego y encontró la mayor parte del dinero que robaron.
Callado y con la cabeza agachada, Blas fue llevado hasta la cocina junto a su esposa, no podía decir nada ante la evidencia de que él estaba involucrado en el asalto a Prosegur.
Luego de la sentencia, Valencia fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde estuvo 12 años y aprovechó ese tiempo para conformar un grupo delictivo dentro de la cárcel.
Entonces, en 2013, la Dirección de Régimen Penitenciario decidió llevarlo al penal de Palmasola en Santa Cruz, después de recibir denuncias de los internos de Chonchocoro de que Valencia había conformado una banda que se dedicaba a amedrentar y extorsionar a los presos.
RECIBIRÁ INDEMNIZACIÓN DEL ESTADO
En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio lectura a la sentencia por el caso Valencia Campos y otros contra Bolivia, por ser el Estado responsable en la violación de derechos humanos de 26 personas implicadas en el caso Blas Valencia. Las víctimas serán indemnizadas por 786.000 dólares.
La Corte IDH encontró culpable al Estado por la violación a los derechos a la vida privada, al domicilio, a la protección de la familia, a la libertad personal, a la integridad personal, al derecho de la mujer a vivir libre de violencia, al derecho a la vida, a la salud, a los derechos de la niñez, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la hora y dignidad, así como el deber de investigar actos de tortura y violencia contra la mujer.
La instancia internacional considera que los allanamientos nocturnos y las detenciones realizadas eran contrarias a la legislación boliviana vigente al momento en que ocurrieron los hechos.
Bolivia deberá pagar $us 786.000 dólares en indemnizaciones a las 26 afectados, además deberá revisar la sentencia condenatoria a las víctimas, el Estado continuará y concluirá en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas, brindar el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran las víctimas; diseñar e implementar las capacitaciones en materia de derechos humanos, así como los protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual, entre otros compromisos.
//FUENTE: EL DEBER / RED UNO//
