- Redacción VISOR21 / Foto Archivo Unifranz
El reciente decreto supremo que apunta a regular el funcionamiento de empresas especializadas en servicios tecnológicos financieros, dedicados a la provisión de activos virtuales, pagos, remesas, préstamos y otras transacciones digitales, es una forma normativa para que el Gobierno saque su tajada, señaló el economista Hugo Balderrama.
El anuncio fue realizado ayer, por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, bajo la excusa de que las plataformas virtuales deben ser controladas para garantizar la seguridad financiera de la población.
“Por ejemplo, si tú haces una operación en una plataforma como Binance, y en algún momento esa plataforma por alguna situación no puede funcionar en Bolivia por algún problema tecnológico, ¿a quién reclamas? Es uno de los problemas que se tiene justamente al no estar estas plataformas de alguna manera reguladas. Tienen que entrar en una regulación, de tal manera que todos sientan y entiendan que están protegidos”, declaró el funcionario.
El DS apunta a regular los servicios tecnológicos referidos a los pagos y remesas, préstamos y finanzas empresariales personales y tecnología para instituciones financieras, entre otros.
Para el economista liberal Hugo Balderrama, esta nueva normativa del Gobierno solo busca recaudar fondos, luego de ver el crecimiento de estas plataformas que escapan al control estatal y generan transacciones en dólares desde y hacia Bolivia.
“El Gobierno ha descubierto que hay una buena fuente de ingresos y de generación de riquezas y ahora quiere su parte y quiere asfixiar a este sector. Esto responde a la desesperación del Gobierno por recaudar dinero para sostener su modelo deficitario y es también la característica del modelo del socialismo del siglo XXI, que invade cualquier espacio privado y que busca tener al individuo bajo su total control”, señaló.
Balderrama recordó que en 2022 se prohibió el uso de criptomonedas y también se restringió el uso de activos financieros virtuales, pero aquello iba a ser obedecido “solo hasta que el Gobierno encuentre la forma de sacarle una tajada al negocio financiero digital”.
Precisamente, en enero de ese año, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió la Resolución de Directorio 144/2020 que prohibía a las entidades financieras “el uso, comercialización y negociación de criptoactivos en el sistema de pagos nacional al no constituirse en monedas de curso legal en el país”, y encargó una reglamentación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Sin embargo, en junio de 2024, el mismo BCB “habilitó los canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta de activos virtuales, lo que abre la economía boliviana al flujo de criptoactivos como el bitcoin y otros”, según reportes.
Hasta el año pasado, según reseñaba la agencia EFE, 250 mil ciudadanos en Bolivia tenían cuentas criptos, y las criptomonedas más consolidadas eran el bitcoin cuesta cerca de Bs 396.000 por unidad y el ether a Bs 21.000 por moneda virtual.
El presidente Luis Arce aseguró que esta “iniciativa”, en referencia a su reciente decreto, “no solo facilitará el ingreso de diversos proveedores, tanto del sector público como privado, a este entorno financiero, sino que también promoverá un marco moderno y regulado que impulse la competencia y la innovación en nuestros mercados”.
El Gobierno estima que en Bolivia existe media centena de empresas dedicadas al rubro de las plataformas financieras virtuales: “26 en Santa Cruz, 10 en Cochabamba y una siete u ocho en La Paz”, según expuso Montenegro.
Emprendedores, generadores de contenido en redes sociales y startups en Bolivia son algunos de los usuarios de las plataformas exchange como Binance o Airtm, que permiten transacciones con dólares digitales, dólares y bolivianos, además de bitcoins y activos virtuales similares.
