El exministro de Economía, Luis Arce, será recluido en el penal de San Pedro de La Paz por el lapso de cinco meses, por la investigación del desfalco en el Fondo Indígena de 2010.
La audiencia que se extendió hasta las 18 horas de este viernes, cambió el pedido inicial de la Fiscalía de tres meses de detención preventiva en el centro de rehabilitación de Calauma en Viacha, pero el juez anticorrupción Elmer Laura dispuso que Arce sea remitido a San Pedro.
«Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura política que está atravesando. El Gobierno busca chivos expiatorios, busca encubrir lo que está pasando”, puntualizó Arce en audiencia virtual desde celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde pasó la noche.
Arce Catacora, que también fue presidente del Estado hasta hace un mes, fue imputado por su paso como parte del Directorio del Fondo Indígena, sobre todo durante las gestiones 2010 a 2015.
El juez Laura consideró que el daño económico provocado en el Fondo Indígena fue grave y que al tratarse de delitos de corrupción, corresponde la detención preventiva para el exministro de Evo Morales.
«Yo designaba al representante del Ministerio de Economía (…) por lo tanto yo no he participado prácticamente en el 99% de todas las reuniones», alegó Arce.
Sin embargo, las pruebas y testimonios, incluido el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, fallecido en 2022, apuntan a Arce como responsable de haber autorizado la transferencia de al menos Bs 328 millones de cuentas fiscales a cuentas bancarias particulares de decenas de dirigentes de las llamadas organizaciones sociales afines al MAS.
El Fondo Indígena manejó recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para proyectos en el área rural del país. Sin embargo, gran parte de esos proyectos quedaron inconclusos o destinaron dinero a otras fuentes. Algunos dirigentes devolvieron el dinero o presentaron descargos, pero se presume que hubo un daño económico millonario que todavía se encuentra en investigación.
