El «testigo clave» en el caso «golpe I», reveló que sus declaraciones fueron alteradas para incriminar en 2020 a la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al líder cívico potosino Marco Pumari, entre otros.
El sujeto volvió a la luz pública por ser el denunciante de la magistrada Fanny Coaquira dentro del llamado caso consorcio que estalló este año.
Estas las palabras de Añez, a través de sus redes sociales:
«Óscar de la Fuente Amelunge, abogado que firmó la patraña del inventado caso T4rrorismo 1, junto con la exdiputada masista Lidia Patty haciéndose pasar por «afectada», ha denunciado que sus declaraciones usadas para involucrarnos en hechos que no ocurrieron, son falsas y manipuladas.
De la Fuente estaba dispuesto a servir a agendas políticas del gobierno del MAS, como él mismo lo confiesa.
Ahora que al gobierno ya no le sirve, denuncia que su testimonio habría sido fraguado por el fiscal Omar Mejillones, otro operador del régimen, para incriminarnos injustamente a mí como expresidente, a Luis Fernando Camacho y a Marco Antonio Pumari.
Éste es un hecho más que reafirma que el viciado proceso judicial en contra de los defensores de la democracia, ha vulnerado gravemente el derecho fundamental a la libertad, a un juicio justo y a la verdad.
El Fiscal General, por un mínimo de responsabilidad, debe hacer una investigación inmediata para esclarecer esta manipulación que me retiene como presa política desde el 13 de marzo de 2021.
Como afectada por las supuestas declaraciones de Óscar de la Fuente, manifiesto mi indignación ante su denuncia de que su testimonio habría sido fraguado para incriminarme injustamente.
Exijo que esclarezca cómo se construyeron esas acusaciones y quiénes están detrás de semejante atropello que ha afectado tanto a mi vida y a mi familia.
Exijo que el Ministerio Público y las autoridades judiciales respondan de cara al país a esta denuncia, porque detrás de cada acusación falsa hay delitos cometidos contra los derechos fundamentales de quienes fuimos perseguidos y secuestrados, seguimos encarcelados y mellados por años.
El Ministerio Público, a cargo del fiscal Omar Mejillones, le dieron crédito, o lo usaron, pero su situación legal actual (caso consorcio) es evidencia de su nula credibilidad, primero en su calidad de testigo y luego manifestando que sus declaraciones fueron tergiversadas».
