La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su preocupación por el nuevo avasallamiento registrado en la propiedad agrícola Santa Rita, en la provincia Guarayos, y advirtió que la ocupación ilegal podría formar parte de un plan más amplio para tomar hasta 70.000 hectáreas de tierras productivas en el norte integrado del departamento.
El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, denunció que el predio fue avasallado por sexta vez y cuestionó la falta de acciones efectivas para detener a los responsables, pese a que existen denuncias formales y órdenes de aprehensión contra algunos de los presuntos cabecillas.
“Es impresionante la inseguridad jurídica en la que hoy por hoy están los productores a expensas de avasalladores y de gente que comete actos delincuenciales”, afirmó Hernández en el programa Dinero de EL DEBER.
Según el dirigente, más de 30 personas encapuchadas, armadas y movilizadas en motocicletas ingresaron nuevamente al predio mientras el propietario realizaba trabajos agrícolas para la campaña de invierno. La incursión habría impedido por unas horas la salida del dueño y de su padre. Sin embargo, tras la salida de los dueños, los trabajadores quedaron retenidos en la propiedad.
“Lo más preocupante es que si se llega a consolidar este avasallamiento, podría haber más tomas de tierras productivas que están en el norte integrado. Por la información que en algún momento nos dieron, la intención de ellos es tomar más de 70 mil hectáreas de la zona, entonces, realmente no se puede tolerar”, enfatizó.
Anapo señaló que el conflicto no solo afecta la seguridad de las personas que permanecen dentro de la propiedad, sino también la producción de alimentos estratégicos para el país. De acuerdo con Hernández, en Santa Rita se tenía previsto sembrar trigo, maíz, sorgo y soya, cultivos destinados a abastecer cadenas productivas vinculadas a la producción de carne, leche y huevos.
La organización agrícola indicó que los predios afectados abarcan más de 4.000 hectáreas y denunció que los ocupantes comenzaron incluso a dividir terrenos y marcar parcelas dentro de la propiedad.
“Han ingresado y han estaqueado la propiedad, distribuyéndose parcelas. Básicamente están tomando la tierra”, sostuvo el gerente.
Hernández aseguró que los propietarios identificaron a varios presuntos responsables vinculados a grupos que se autodenominan interculturales y recordó que algunas de estas personas cuentan con órdenes de aprehensión emitidas por autoridades judiciales que hasta ahora no fueron ejecutadas.
El representante de Anapo afirmó que la falta de cumplimiento de estas órdenes ha permitido que los grupos continúen actuando con impunidad y vuelvan a ocupar los predios después de cada desalojo.
Asimismo, recordó que durante anteriores incursiones se denunciaron robos de insumos agrícolas, daños a maquinaria, agresiones a trabajadores y cuantiosas pérdidas económicas para los productores.
Frente a este escenario, la institución demandó una intervención inmediata del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, la Fiscalía y el Viceministerio de Tierras para restablecer el control de la propiedad y garantizar la seguridad jurídica de los productores.
“Lo que corresponde es actuar conforme a la ley. No se puede permitir que personas armadas y encapuchadas ingresen a propiedades privadas y sigan operando sin consecuencias”, enfatizó Hernández.
Anapo advirtió que la consolidación de este nuevo avasallamiento podría abrir la puerta a nuevas ocupaciones ilegales en otras zonas productivas de Santa Cruz, generando mayor incertidumbre para el sector agrícola y afectando la producción de alimentos destinados al mercado nacional.
//FUENTE: EL DEBER//
