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A raíz de un informe técnico presentado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) en el marco de las investigaciones del caso ‘Prestín’, donde se muestra los resultados del desdoblamiento de mensajes entre la exalcaldesa interina Angélica Sosa, su difunto esposo, Sergio Perovic, y su supuesto ‘operador fantasma’, Charly Rueda, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña decide iniciar una nueva denuncia contra estas personas.
El nuevo proceso contra Sosa y Rueda es por el delito de obstrucción de justicia, ya que, según las imágenes de las conversaciones que muestran los abogados del municipio, la exalcaldesa ordenaba desde Palmasola cómo manipular la investigación y el accionar de los testigos en los distintos procesos que afronta con el fin de ocultar sus delitos.
“Dentro de las conversaciones están las que mantiene con el difunto Sergio Perovic (esposo) y Charly, donde se demuestra que Charly tenía mucha confianza con ellos, manejaba negocios, y principalmente tenía muchas conversaciones donde le informaba cómo iban avanzando las investigaciones”, señaló el director jurídico de la Alcaldía, Edwin Tapia.
Asimismo, el asesor de Asuntos Jurídicos, Felipe Molina, indicó que el informe del Iitcup establece “la vida de lujos que mantenía Perovic y su familia”, debido a que, a lo largo de sus 100 páginas expone los negocios que tenía, los boliches con los que se contactaba y los restaurantes a los que jamás el Gobierno Municipal controlaba.
“También se establece con claridad los viajes, mujeres, cirugías, lujos, vehículos, edificios, y departamentos que se han adquirido con esos recursos (municipales). De parte de la arquitecta (Angélica Sosa) se nota el grado de obstrucción en las investigaciones que se están llevando adelante y la injerencia en policías, testigos y en todos los partícipes de las investigaciones”, afirmó Molina.
Por su parte, Jerjes Justiniano, abogado de Angélica Sosa, afirmó que no recibieron la notificación del Ministerio Público sobre el informe del Iitcup, lo que, según Justiniano, demostraría que la investigación es irregular e ilegal. Además, dijo que el informe no determina que el teléfono que se le atribuye a la exalcaldesa sea de ella, por lo que se podría estar hablando de una prueba fraguada.
“¿Hay una certificación que diga que el teléfono era de ella?, ¿hay una certificación que diga que la radio base de donde salieron las comunicaciones era de Palmasola?, ¿hay celulares en Palmasola? Yo creo que eso es lo que debería corroborarse en primer lugar”, cuestionó.
Asimismo, arremetió contra la Alcaldía por manejar erróneamente los conceptos jurídicos, ya que la denuncia que presentaron este miércoles sería por el delito de obstrucción de justicia, cuando en Bolivia ese delito hace referencia al impedimento de una prueba y hasta el momento no inició el juicio oral, que es donde se producen las pruebas.
“Es parte del desconocimiento jurídico de la Alcaldía, que ha venido manipulando la información, por ejemplo, en el caso de contratos irregulares decían que los contratos que firmó Angélica Sosa eran de gente contratada para la campaña electoral y luego en audiencia dijeron que se pagaron hasta diciembre 2021, si eran para campaña ¿cómo pudieron pagar durante la gestión de Jhonny Fernández?”, añadió.
En la misma línea, Jorge Rivera, también abogado de la exalcaldesa Sosa, cuestionó la veracidad del informe del Iitcup, puesto que en los diferentes casos en los que está investigada su defendida se presentaron informes de la Gobernación de Palmasola que certifican su buena conducta.
“Todo el mundo sabe que no es permitido tener teléfonos celulares en el penal, hay innumerables requisas que realiza permanentemente la policía y la arquitecta no ha sido nunca denunciada, ni sindicada de tener alguna numeración de teléfono”, puntualizó Rivero.
Manifestó que la Alcaldía cruceña viene acosando a Angélica Sosa y su familia desde hace meses con “denuncias falsas”, por lo que no se descarta realizar una contradenuncia contra los servidores públicos que estarían “mellando su dignidad”.
//FUENTE: EL DEBER//