.
El alcalde del municipio paceño de Luribay, Mario Cáceres (MAS), fue remitido al penal de San Pedro, ayer, luego de que se dio cumplimiento a una orden de apremio emitida por un juez. Cuatro extrabajadores de una empresa constructora lo demandaron, hace cinco años, por no pagar los beneficios sociales.
“Tiene ya una sentencia ejecutoriada y en el mandamiento (de apremio) se menciona que debe pagar una deuda por beneficios sociales. El señor Cáceres ya está en el penal (de San Pedro) desde el día de ayer”, informó el abogado Rolando Gutiérrez. Explicó que, en este tipo de procesos, el procesado puede recobrar su libertad luego de cancelar los beneficios sociales a los demandantes.
Gutiérrez explicó que Cáceres, militante del MAS, antes de ser electo como alcalde de Luribay, tenía una empresa de construcción, con la que generó deudas con cuatro de sus trabajadores. El abogado pidió no dar los nombres ni detalles sobre el monto de dinero que se debía a sus clientes.
Lamentó que el juzgado que trató el caso, en la ciudad de El Alto, demoró más de cinco años en emitir una resolución en favor de los trabajadores, pese a que la norma prevé que se dicten resoluciones en tiempos breves y que sus clientes presentaron todos los elementos de prueba.
Según fuentes del municipio de Luribay, los trabajadores construyeron varias casas en el departamento de Oruro, en el marco de los proyectos de vivienda social del Gobierno.
Como alcalde, Cáceres, fue denunciado por corrupción en la adjudicación de un contrato para la construcción de una escuela en ese municipio. La empresa constructora que hizo dicha obra, con financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, comenzó los trabajos días antes de que se firme el contrato, que se sospecha tenía un sobre precio.
Asimismo, durante su gestión, fue cuestionado por la pérdida de equipos de computación donados por el Gobierno y el desvío de combustible para vehículos particulares. Por otro lado, al menos dos pobladores de Luribay denunciaron que junto a grupos de choque, Cáceres hizo expulsar de sus comunidades a autoridades originarias que los cuestionaron.