.
En abril de este año, en Agropecruz -feria donde referentes del sector pecuario exhiben lo mejor de la genética y ganadería de élite-, la vaca ‘Rapachapao Aurea’ se consagró gran campeona girolando en el juzgamiento de esa raza. Esta semana, casi cuatro meses después de ese logro, su nombre cobra trascendencia noticiosa, esta vez con un tono desgarrador. Fue ‘descuartizada’ por abigeatistas -personas que se dedican al robo de ganado- en los corrales de la Agropecuaria Las Maras, distante 15 km carretera a Okinawa, de propiedad de la familia Frerking Adad.
“Impotencia y bronca, eso siento. El tema del valor comercial del animal es relativo, lo incalculable es el ‘perjuicio’ que se refleja en miles de horas de dedicación en el manejo y los años de trabajo de mejoramiento transcurrido hasta llegar al potencial genético de Aurea”, relató Klaus Frerking, representante de Las Maras.
El criador pecuario alertó que el delito de abigeato, además de tener en la incertidumbre al sector ganadero lechero, amenaza el patrimonio genético de las diferentes razas cebuinas y pone en riesgo la cadena alimentaria lechera y cárnica local y nacional.
Comentó que Aurea fue una de las ‘joyas’ del remate organizado por la cabaña Las Maras el mes pasado y que un día antes de ser sacrificada por los abigeatistas debió ser entregada a un productor lechero de Pailón que pagó $us 9.000 en la puja comercial. La operación se frustró debido al bloqueo en esa ruta. La presión social, con corte de vías, es otro problema que impide a los ganaderos realizar sus actividades con normalidad.
Según Frerking, la vaca registró un promedio de producción de 35 litros de leche por día, unos 7.800 litros por periodo lactancia (dura unos 305 días), que transformado en valor equivalen a $us 3.830. Era donadora de óvulos para inseminación asistida. Cada embrión con preñez confirmada tenía un valor de $us 700 y sus descendientes (terneras) se cotizaban a $us 3.500.
El macabro hallazgo de Aurea, según la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), corrobora el estado real de indefensión del sector y el descaro de los abigeatistas que sin medir el trabajo técnico-científico de muchos años atentan contra la genética, un patrimonio del sistema productivo ganadero cruceño.
En el sector lechero estima que, al año, los abigeatistas se roban o matan alrededor de 300 animales, cuyo supera los $us 750.000. En 305 días de lactancia la pérdida de leche asciende a $us 650.000, haciendo un total de pérdidas, entre valor del animal y la leche, de al menos $us.1.400.000.
“Los animales, por lo general, son vacas preñadas, de manera que la pérdida es por partida doble”, afirmaron desde Fedeple, dando cuenta que el sector está en estado de emergencia. Por el impacto y frente a la fragilidad jurídica, el sector lechero y ganadero, en general, plantean endurecer la pena ante del delito de abigeato, sancionado con privación de libertad que va de dos a cuatro años.
Los productores piden reformas la vigente Ley de Lucha Contra el Abigeato endureciendo la pena con 10 años de cárcel para el infractor. Aseguran que desde 2018, periodo que se aprobó dicha norma no existe ni una abigeatistas aprehendido purgando una pena.
La Asociación de Criadores de Razas Lecheras (Asocrale) también se pronunció expresando de repudio pleno y alta preocupación por los actos delictivos de abigeato producido en varias cabañas lecheras de sus asociados.
A decir del presidente de Asocrale, Javier Velarde, el robo de animales especializados en la producción de leche no no solo implica ‘grandes’ pérdida económica para los propietarios, sino también para toda la cadena productiva. “Estos ejemplares representan un trabajo genético importante de muchos años y su desaparición afecta negativamente el progreso y desarrollo de la industria lechera en la región”, puntualizó.
Relievó que la producción lechera no solo garantiza la seguridad alimentaria para la población, sino que también es una fuente importante de empleo para numerosas familias en la zona. “Los actos de abigeato ponen en riesgo estas fuentes de ingreso y generan inseguridad”, afirmó Velarde.
El titular de Asocrale llamó a las autoridades provinciales, departamentales y nacionales, así como a la Policía Nacional, brindar las garantías de protección a los productores lecheros y sus animales, y poner fin a la actividad delictiva de robo de ganado que impacta al sector, esencial para la economía y la sociedad en general.
Reformas a normativa vigente
Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el presidente Adrián Castedo, repudió el robo de ganado, dando cuenta que este delito está enraizado en muchas poblaciones de los cuatro puntos cardinales del departamento de Santa Cruz.
Apunta a clanes familiares de ser los promotores y estar detrás de esta actividad delictiva, que atenta contra la salud pública al faenar los animales en condiciones insalubres en potreros y caminos rurales, el patrimonio genético de Santa Cruz y Bolivia, la economía productiva y el empleo formal que genera el sector ganadero.
En 2022, según Castedo, Santa Cruz registró 4.080 casos de abigeatos que corresponden a 480 propiedades, estimándose una pérdida en valor que los $us 2,5 millones. “La incertidumbre e inseguridad desalientan a los productores y postergas inversiones”, puntualizó el titular de Fegasacruz.
Según Castedo, la presión social con bloqueos de carreteras, avasallamiento de predios productivos y el abigeato y, ocasionalmente la falta de combustible, desalientan y postergan inversiones y ralentizan el desarrollo del país y la recuperación de la economía nacional.
En los próximos ocho años, el hato bovino de Bolivia crecerá en 20,1%, de 10,43 a 12,53 millones de cabezas, según cifras descritas en el “Portafolio estadístico del sector ganadero bovino 2021” de Fegasacruz, institución que considera que el porcentaje -el mayor en la región- es bajo para el potencial productivo que tiene el país.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también emitió un pronunciamiento en el que se declara en emergencia denotando hay mafias organizadas detrás, exigiendo a la Fiscalía la creación de una unidad especializada en la lucha contra los delitos de abigeato, esto para poner fin a este flagelo que en 2022 representó un daño económico de $us 2,5 millones al sector ganadero de Santa Cruz.
“No solo se atenta contra las personas que son víctimas del robo de ganado, también atentan contra la salud humana porque no se sabe el tipo de manipuleo de la carne”, expresa el comunicado sectorial, exigiendo, además, con urgencia una ley que sancione con privación de libertad de 10 años a los abigeatistas, como una medida para frenar este delito que franco crecimiento a escala regional.
La Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebu) cree que es tiempo de construir una normativa más rigurosa, acorde con la peligrosidad y los efectos que el robo ganado tienen sobre la vida y los bienes de hombres y mujeres dedicados al trabajo de campo.
“Exigimos de las autoridades del Estado, que tienen competencias asignadas por Ley para combatir y prevenir este delito, además de sancionar a los delincuentes, actuar con firmeza y celeridad en todos los casos pendientes de abigeato. Demandamos seguridad para la vida, el trabajo y la inversión en el campo que, además de garantizar la soberanía alimentaria, crea empleos dignos y consigue divisas aportando a la reactivación del país.”, expresa el sector un comunicado.
Inseguridad total
Desde Trinidad, el secretario general de Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) e integrante de la Comisión de Lucha Contra el Abigeato, Marco Antonio Gutiérrez, desveló un dato pavoroso. “Con certeza plena pueda asegurar que los 8.200 productores de ganado que realizan esta actividad en Beni fueron víctimas de robo de ganado”, expresó, al insinuar que la desprotección jurídica y falta de penalización del delito de abigeato es un tema pendiente de solución.
Hizo notar que detrás del robo de ganado hay bandas organizadas y clanes familiares que encontraron en esta actividad ilícita un modo de vida. “En la mayoría de los casos el productor no denuncia por lo tedioso y el costo que significan los procesos judiciales, y por la poca efectividad para meter preso a los culpables”, apuntó.