Instituciones entre cetáceos, simios y elefantes

Una reflexión incómoda para un problema estructural de los pocos sobre los todos

En tiempos de crisis donde la severidad del contexto presiona las pocas barreras aún en pie de las instituciones en Bolivia, es menester reflexionar sobre el enemigo interno de las que muchos gobiernos municipales en el país se lamentan en silencio sin poder establecer la solución definitiva ante tan incómodo huésped permanente.

La Ley 321 en diciembre de 2012 blindó una masa de trabajadores municipales de ciudad capital transfiriéndose al Régimen de la Ley General del Trabajo, esto parecería poco en aquel momento hoy se constituye en un quiste que hecho raíces en toda la institución generando un foco de corrupción permanente inmune al paso del tiempo y las gestiones municipales.

La ley si bien puede entenderse como una conquista social de un puñado de trabajadores municipales en situaciones precarias comparadas a otros trabajadores, ha generado una distorsión grave en la jurisprudencia nacional. Los derechos de los trabajadores mutan y evolucionan, son poco claros y bastante contradictorios porque al forzar su defensa por encima de la lógica y el sentido común han devenido en un mal aún más grande.

El problema es que la conquista social se convirtió en patrimonio personal y el derecho al trabajo se convirtió en inmunidad absoluta que restringe a la Institución de medir, evaluar, sancionar y liquidar si correspondiese aquellos trabajadores que conspiran con su negligencia y actuación dolosa no solo la credibilidad de la institución sino ocasionan por esta vía un daño a terceros, la ciudadanía en general.

El mismo año 2012, en el mes de marzo se promulga la Ley N°223 “Ley General para Personas con Discapacidad” , la misma establece:

Artículo 4 (Principios Generales):

Inciso g. Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin discriminación alguna.

Inciso h. Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad.

Es decir, una obligación para el Estado a todo nivel de incorporar desde la política pública al grupo de personas con discapacidad, sin embargo, esta paso de convertirse en una obligación del Estado que debía seguir un proceso de planificación previo a ser secuestrada directamente por varios trabajadores municipalistas que ante la posibilidad de una inminente salida es que activaron recursos en la vía judicial para someter a toda una institución en resguardo de sus derechos, el derecho al trabajo y por si fuera poco una forzada interpretación de la Ley General de Personas con Discapacidad en la que la categorización y la búsqueda por pertenecer a alguna de las clasificaciones ha devenido en una estrategia legal que convierte en objeto a las Personas con Discapacidad.

Arrogarse la titularidad y responsabilidad de Personas con Discapacidad exclusivamente para preservar su empleo cuando la institución no requiere de sus servicios y busca su alternancia, independientemente de los motivos que impulsen esta decisión afectan directamente el funcionamiento global de la institución, es inmoral y atenta contra la dignidad de los sujetos que la Ley General de Personas con Discapacidad pretende precautelar.

Lo curioso del Derecho, es que se presta a la interpretación, y esa interpretación puede forzarse e incluso distorsionarse. Si esto se combina con un sistema de justicia totalmente corrupto, viciado y altamente cuestionable el resultado es calamitoso, apocalíptico y dantesco.

El movimiento Non Human Rights Project reconoce que la categoría persona no solo involucra a los seres humanos sino a animales cuya inteligencia, capacidades cognitivas y aptitud para sentir las eleva por encima de otras especies. En esta categoría se consideran grandes simios, cetáceos y elefantes. Ahora bien si un abogado puede convencer a un juez en Bolivia que una simio, una ballena o un elefante no solo es una persona sino que esta a su vez padece de una discapacidad que, por obvias razones, le impide comprender a sus pares humanos, trasladarse con facilidad en tierra firme o tener limitaciones para ingresar o salir de ambientes que bien podrían ser oficinas de instituciones públicas.

El punto al que quiero arribar es el siguiente: es impráctico y totalmente irracional buscar consolidar una hilera de derechos para un grupo desprotegido sin condicionar al resto de personas en el camino. En este caso la perniciosa combinación de la Ley 321 y la Ley 223 han consolidado un grupo selecto de privilegiados que imponen el respeto de sus derechos frente a los de toda la ciudadanía ¿por qué? porque su continuidad laboral es irrestricta, irrevocable e incuestionable por lo que su desempeño es accesorio a cualquier determinación institucional.

No se trata de una simple institución, hablamos de una prestadora de bienes y servicios públicos, cuyos beneficiarios dependen exclusivamente de su capacidad efectiva de satisfacer necesidades prioritarias. Por lo que subordinar el “derecho al trabajo” de unos pocos por un mero maniqueísmo jurídico que replica una alta moralidad a priori solamente contradice el principio más elemental del derecho “la igualdad de toda persona ante la ley”.

Es muy probable que mi opinión sea calificada de insensible e incluso sea tildada de discriminatoria. Sin embargo, prefiero defender la honestidad intelectual y no caer la discusión de la justicia social y el progresismo enunciativo que llena las primeras planas como un golpe de “moralidad” en el rostro de todos.

Los derechos se pagan con los impuestos, por lo que si nos ponemos creativos al momento de identificarlos se tendrá que pensar a quien se le delega la factura de nuestra moralmente superior preocupación por resolver las “injusticias” de la vida.

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