AJAM formaliza denuncia por minería ilegal de El Dorado en Misicuni

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) presentó una denuncia penal por presunta explotación ilegal de oro en el sector de Misicuni, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, y anunció que inició el proceso para revertir el derecho minero del área El Dorado, que no paga patentes desde 2014.

«Nosotros de oficio hemos hecho la inspección y se ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por minería ilegal. (…) Esta área minera no ha pagado patente minera y ha estado realizando actividad minera informal e ilegal», afirmó el director de la AJAM, Jaime Sanabria.

Explicó que se identificaron trabajos dentro y fuera de los límites de la concesión. En ese sentido, señaló que el área se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari, declarado área protegida, y cuestionó que durante más de 20 años se haya permitido la actividad minera en el lugar.

El caso surgió tras la denuncia de la asambleísta departamental Claudia Martínez, quien alertó sobre una presunta contaminación de la represa de Misicuni por actividades mineras en el río Cerqueta, uno de sus afluentes.

La legisladora también denunció que ella y su equipo fueron amedrentados cuando intentaron fiscalizar la zona y pidió un sobrevuelo militar y una comisión interinstitucional para verificar los hechos.

Sanabria informó que el derecho minero fue otorgado el 15 de noviembre de 2005, durante la gestión del MAS, al empresario unipersonal José Luis Eulogio Mir Franco. Añadió que el proceso de reversión por falta de adecuación podría concluir en un plazo de hasta una semana y que se emitió una resolución administrativa para suspender las actividades.

Asimismo, anunció que coordinará con el Ministerio Público y la Policía una intervención para decomisar o destruir la maquinaria utilizada y establecer responsabilidades.

Sobre el impacto ambiental, el director cuestionó que las autoridades ambientales de anteriores gestiones no hubieran intervenido, pese a que el caso era conocido desde 2023. Sostuvo que la responsabilidad de fiscalizar el impacto ambiental y suspender actividades por contaminación corresponde a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba.

//FUENTE: ERBOL//