«El país puede mostrar una cifra global de reservas, pero la disponibilidad efectiva de divisas líquidas sigue siendo limitada»
Es claro que Bolivia necesita discutir con seriedad su régimen cambiario, pero también sería un error presentar el tipo de cambio flexible como una solución automática a la crisis. La flexibilidad cambiaria puede ser una herramienta necesaria cuando el país ya no cuenta con suficientes divisas para sostener una paridad artificial, pero también puede convertirse en un salto al vacío si se aplica sin reglas fiscales, sin disciplina monetaria y sin una reforma estructural de raíz.
Ahora bien, el problema es más profundo de lo que en realidad se presenta, si seguimos manteniendo un Estado que gasta por encima de sus posibilidades, se sostiene un déficit fiscal persistente, la economía depende cada vez más del financiamiento interno y el Banco Central continúa sometido a presiones políticas. Bajo estas condiciones, liberar el tipo de cambio puede sincerar la economía, pero también puede acelerar la pérdida de confianza si la población percibe que el Gobierno solo cambió el precio de referencia sin corregir la causa del deterioro.
Los datos actuales muestran que el margen de maniobra es reducido y para la gestión 2026, el Presupuesto General del Estado reformulado proyecta un déficit fiscal cercano al 9% del PIB, aunque algunas estimaciones, al revisar el flujo financiero previsto, advierten que el desequilibrio podría aproximarse al 10,9% del PIB. Esto significa que el problema no está únicamente en el dólar, sino en una estructura fiscal que sigue gastando más de lo que puede sostener y que, sin una corrección seria, terminará presionando nuevamente sobre la moneda, los precios y la confianza.
A ello se suma la situación de las reservas internacionales, al 31 de marzo de 2026, las Reservas Internacionales Netas del Banco Central alcanzaron USD 3.542,9 millones, con una reducción de USD 170,4 millones respecto al cierre de 2025, pero el dato más preocupante está en la composición donde las reservas monetarias internacionales cayeron en USD 356,5 millones durante el primer trimestre, mientras que el valor de las reservas de oro aumentó por efecto de precio y tenencias. En términos simples, el país puede mostrar una cifra global de reservas, pero la disponibilidad efectiva de divisas líquidas sigue siendo limitada.
También debe considerarse el impacto sobre los precios ya que, debido a la crisis política en mayo de 2026, la inflación mensual fue de 2,13%, la acumulada llegó a 2,62% y la variación a doce meses se ubicó en 12,51%. En el municipio de La Paz, el incremento mensual fue aún más fuerte, llegando a 5,41%. Estos datos son importantes porque muestran que la economía ya enfrenta una presión inflacionaria antes de cualquier flexibilización cambiaria plena y si se libera el tipo de cambio sin ordenar el déficit, sin disciplina monetaria y sin un programa creíble, el ajuste puede trasladarse rápidamente a alimentos, medicamentos, combustibles, insumos productivos y bienes importados.
Un sistema flexible funciona razonablemente bien cuando existen instituciones creíbles, cuentas fiscales ordenadas, independencia del Banco Central y señales claras al mercado. Sin esos elementos, la flotación puede transformarse en una devaluación desordenada, el dólar sube, los precios internos se ajustan, los salarios pierden poder adquisitivo y la economía entra en una dinámica defensiva, veremos nuevamente familias comprando dólares para protegerse, empresas remarcando precios por incertidumbre, comerciantes reduciendo inventarios y ahorristas escapando de la moneda nacional.
Ahora si el déficit continúa, si el gasto público no se revisa, si las empresas estatales deficitarias siguen absorbiendo recursos y si el Banco Central mantiene algún tipo de financiamiento directo o indirecto al Tesoro, la flotación solo trasladará el costo del desorden al ciudadano común y lo que antes se escondía detrás de un dólar oficial barato aparecerá nuevamente como inflación, encarecimiento de importaciones, caída del salario real y mayor incertidumbre.
Milton Friedman defendía los tipos de cambio flexibles porque permiten que la economía se ajuste a las condiciones reales del mercado, pero su defensa no era una invitación al desorden, su crítica principal iba dirigida a los gobiernos que prometen una paridad fija mientras aplican políticas incompatibles con esa promesa. En nuestro caso, el error sería pasar de una ficción cambiaria a una flotación sin ancla, es decir, abandonar el tipo de cambio fijo sin construir al mismo tiempo una regla fiscal, una regla monetaria y un programa creíble de estabilización.
También es necesario advertir un riesgo político, ya que, si la flexibilización cambiaria se aplica sin transparencia y sin un relato claro, puede ser utilizada como excusa para culpar al mercado de una crisis que fue producida por años de malas decisiones estatales. Entonces el Gobierno podría decir que el problema es la especulación, el comercio, los exportadores o los bancos, cuando en realidad la raíz está en el desequilibrio fiscal, la falta de divisas, la caída de la confianza y el debilitamiento institucional.
Por eso, Bolivia no necesita simplemente “liberar el dólar”, esta flexibilización cambiaria solo tendría sentido si forma parte de un programa serio que incluya reducción del déficit, eliminación gradual del financiamiento monetario, independencia efectiva del Banco Central, apertura a la inversión, incentivos a la exportación, eliminación de trabas al comercio y protección focalizada para los sectores más vulnerables. Sin esas condiciones, se puede cambiar el régimen cambiario, pero no se habrá cambiado la causa del problema.
Sin reglas fiscales y monetarias claras, el tipo de cambio flexible puede terminar siendo una medida incompleta, socialmente costosa y políticamente explosiva, si bien la flexibilidad puede corregir precios relativos, no corrige por sí sola un modelo económico agotado. Si no se cambia la raíz del problema, Bolivia no pasará de un sistema cambiario rígido a una economía sana; simplemente pasará de una crisis contenida artificialmente a una crisis expuesta en el bolsillo de cada ciudadano.
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