El periodista español Miguel Ángel Pérez, a través de su canal en YouTube «Medidas Cautelares», dio a conocer el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que implica al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en un caso de arbitraje en Bolivia.
La UDEF, dependiente de la Policía Nacional de España, estableció indicios de organización criminal en Zapatero y su entorno cercano, por un lobby realizado en Bolivia para lograr revertir un pago de indemnización millonaria que debía cancelar el Grupo Gloria de Perú, como accionista mayoritaria de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), a favor de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) por un caso interpuesto sobre competencia desleal.
En ese marco, la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcazar, es quien toma contacto con Carmen Almendras, vinculada a la consultora KREAB Bolivia, como intermediaria para vincular al consorcio Focus Social Research, que representa al Grupo Gloria.
Esa empresa establece un contrato por 200 mil euros como pago para Zapatero por «servicios de asesoramiento» a partir de mayo de 2024.
Alcazar luego coordina con Almendras y solicita que le remita la documentación del caso Soboce. Posteriormente, la secretaria de Zapatero toma contacto directo con la entonces ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y la jefa de gabinete de Luis Arce, Fabiola Salazar Calle, para establecer reuniones de alto nivel programadas para septiembre de ese año.
Almendras a su vez, confirma una reunión entre Zapatero y quien fuera ministro de Justicia, César Siles, mientras se entrega información actualizada y «alternativas de solución» del caso Soboce al jefe socialista español.
En medio de ese evidente lobby, documentado por la UDEF de España, el 4 febrero de 2025 la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emite un fallo que ratifica el pago de 107 millones de dólares que debía efectuar el Grupo Gloria a favor de Fancesa.
En marzo, Soboce presenta una Acción de Amparo Constitucional ante el TSJ en Sucre, para evitar o al menos dilatar ese desembolso. El amparo es admitido en abril.
El 4 de mayo de 2025, Rodríguez Zapatero sostiene una comunicación directa con Arce Catacora. Al día siguiente, la secretaria española pide a la jefa de gabinete boliviana un contacto directo con el procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, pero luego Alcazar comunica que ya se llamó al ministro Siles y fue éste quien coordinó con Condori.
El 30 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente el amparo solicitado por Soboce y paralizó la indemnización a favor de Fancesa.
Para el 16 y 20 de junio, Focus Social Reseach terminó de pagar los servicios a Zapatero.
Como conclusión, el informe de la UDEF infiere: «en virtud de los sucesivos contactos mantenidos por por José Luis Rodríguez Zapatero con autoridades bolivianas, la existencia de una dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200,000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta».
Arce, desde el penal de San Pedro, donde guarda detención preventiva por el caso Fondo Indígena, emitió un comunicado en el que niega haber sostenido reuniones con el exjefe español, para hablar de «favorecimientos» a alguna empresa privada.
Arce dio su versión y señaló que los últimos encuentros con Zapatero fueron de carácter político, para analizar la crisis de Bolivia y agradecer los «esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna» del país.
Almendras, que fue embajadora en España, luego candidateó a la Alcaldía de Sucre y tras ser derrotada, llegó a ser contratada por el nuevo alcalde César Dockweiler como secretaria Municipal de Ciudad Cultura, Turismo de Altura y Economía Naranja. Renunció apenas se conoció el caso en medios de prensa españoles.
Siles se encuentra recluido en detención preventiva, dentro del caso consorcio judicial, por haber tratado de afectar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia electo en las recientes elecciones judiciales.
Prada, Salazar y Condori no emitieron declaraciones públicas ni fueron abordados por los medios de cobertura.
