El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, presentó este lunes un proyecto de ley que plantea la aplicación de medidas patrimoniales severas —como el congelamiento de cuentas bancarias y la anotación preventiva de bienes— contra dirigentes y organizaciones que impulsen bloqueos de carreteras. La iniciativa legislativa tiene como objetivo principal garantizar el resarcimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados tanto al Estado como a terceras personas afectadas por las movilizaciones.
La propuesta surge como respuesta directa a las millonarias pérdidas registradas durante las últimas semanas debido a las medidas de presión instaladas en distintas regiones del país, las cuales han golpeado duramente a sectores productivos, comerciantes y transportistas.
Al respecto, el legislador Rojas fundamentó la urgencia de la norma señalando que «alguien tiene que responder por los perjuicios que están sufriendo millones de bolivianos», haciendo hincapié en el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos que ha soportado la población.
El documento normativo establece mecanismos legales específicos para que las organizaciones convocantes y sus líderes asuman la responsabilidad civil por los daños provocados a bienes públicos y privados, la interrupción del aparato productivo y las afectaciones al libre tránsito. Para asegurar la efectividad de la ley, el proyecto contempla que las medidas precautorias sobre los bienes y cuentas de los responsables se ejecuten de manera inmediata mientras se desarrollan los procesos judiciales correspondientes para cuantificar el valor total de los daños.
Asimismo, el diputado aclaró de forma enfática que la norma propuesta no busca bajo ningún concepto restringir el derecho constitucional a la protesta ni prohibir las movilizaciones sociales legítimas. Por el contrario, el espíritu de la ley se centra de manera exclusiva en establecer responsabilidades civiles y económicas cuando dichas acciones deriven en pérdidas financieras medibles, evitando de este modo que los costos de los conflictos sociales sean asumidos por el Estado o por los ciudadanos comunes, dejando exentos de culpa a los promotores de las medidas.
Finalmente, se informó que el proyecto de ley será remitido de inmediato a la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa para su correspondiente análisis técnico y posterior debate en el pleno.
De ser aprobada, esta normativa abrirá un inédito escenario jurídico en el país respecto a la responsabilidad patrimonial de las organizaciones sociales, marcando un punto de inflexión en el debate nacional entre la defensa del derecho a la protesta y la protección de la estabilidad de la economía nacional.
