El Programa Madre Educadora de Bolivia, que agrupa a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo, se declaró este lunes en estado de emergencia y alertó que los bloqueos y hechos de violencia registrados en el país afectan gravemente a personas con discapacidad, quienes enfrentan dificultades para acceder a atención médica, terapias, medicamentos y servicios esenciales.
Mediante un pronunciamiento público, la organización expresó su preocupación por los recientes hechos ocurridos en las ciudades de La Paz y El Alto, donde sectores vulnerables quedaron expuestos a situaciones de riesgo en medio de las movilizaciones y conflictos sociales. Entre los casos mencionados se reportó la agresión a un joven de 23 años en la zona de Senkata, quien fue atacado mientras transitaba por el sector junto a su mascota. Según el reporte, durante el hecho su mochila —en la que transportaba a su gatito— resultó destruida.
La víctima, que además padece episodios de convulsiones, fue trasladada al Hospital Boliviano Japonés para recibir atención médica. Familiares y allegados solicitaron la difusión del caso con el fin de ubicar a sus seres cercanos y establecer contacto con su entorno familiar.
La institución también mencionó, entre otros casos, la exposición de niños con síndrome de Down en escenarios de confrontación, el fallecimiento de un menor dentro de una ambulancia que no logró llegar oportunamente a un centro médico y las agresiones físicas registradas en medio de protestas.
“En tiempos de crisis, las personas en situación de vulnerabilidad son quienes más sufren las consecuencias de la violencia, la confrontación y la ausencia de garantías constitucionales básicas”, señala parte del comunicado difundido por la organización nacional.
El Programa Madre Educadora de Bolivia afirmó que ningún conflicto social o político puede justificar la vulneración de los derechos humanos ni poner en riesgo la integridad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad.
Remarcó que muchas familias dependen diariamente de servicios médicos especializados y desplazamientos permanentes para tratamientos y terapias, por lo que los bloqueos y la paralización de servicios esenciales afectan directamente su bienestar y calidad de vida.
En ese contexto, la organización exhortó a los sectores movilizados y a todos los actores involucrados en el conflicto a priorizar el diálogo y la resolución pacífica de las diferencias.
“La violencia jamás puede convertirse en el lenguaje de una sociedad que pretende construir justicia y dignidad para todos”, señala el pronunciamiento.
La institución también convocó al Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira y a las autoridades competentes a asumir acciones inmediatas para garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables y evitar situaciones de desamparo.
Informó que sus asociaciones departamentales permanecerán en estado de alerta y monitoreo permanente para acompañar a las familias afectadas durante la actual coyuntura social.
//FUENTE: ABI//
