Lamentando que la imagen del país se vea dañada por la violencia y la radicalidad de sectores que ejecutan medidas de presión como forma de chantaje al Gobierno, el líder de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, insistió en su pedido de poner orden usando los recursos que permite la Constitución Política del Estado (CPE), sin descartar un posible estado de excepción en el departamento de La Paz, si la situación lo requiere.
En criterio de la autoridad edil cochabambina, la pacificación del país debe ser una prioridad para el gobierno y para ello tiene a su disposición una serie de prerrogativas constitucionales con las que se puede desmovilizar a todos aquellos grupos violentos que actúan políticamente y reciben financiamiento desde la región del Chapare.
“Se tienen que utilizar todos los instrumentos que permite la Constitución Política del Estado para pacificar el país. Estos movimientos ya están pidiendo la renuncia de un gobierno y están en actitudes subversivas con mucho financiamiento. Todos nos damos cuenta de lo que en realidad quieren conseguir con sus acciones”, dijo.
Asimismo, Reyes Villa lamentó que la radicalidad de las medidas de presión vuelva a dañar la imagen del país a nivel internacional, esto por recientes reportes de personas fallecidas como efecto de los bloqueos, entre ellas una turista.
“No podemos seguir con este tema de mostrar a Bolivia como un Estado totalmente inestable. Vivimos en democracia y tenemos que seguir fortaleciendo esta cualidad”, aseguró la autoridad edil, en declaraciones a medios de prensa de la ciudad de Cochabamba.
Sostuvo además que, en momentos en los que se necesita levantar al país económicamente hablando, no existe lugar para movimientos subversivos que buscan provocar el quiebre de la democracia, sino diálogo y consensos para atender las necesidades de todos los sectores que demandan atención de las autoridades en diferentes temas.
Para Reyes Villa, una de las acciones más urgentes es la coordinación en el Parlamento para aprobar aquellos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo como parte de su política para sacar al país de la crisis.
Asimismo, se refirió a los niveles de conflictividad en el país, con medidas de presión que se focalizan sobre todo en la Sede de Gobierno, situación por la que distintos actores políticos y representantes de la sociedad civil han pedido una intervención de la fuerza pública y hasta una declaratoria de estado de excepción, ambas posibilidades enmarcadas en preceptos constitucionales.
“Si es necesario hacerlo en la ciudad de La Paz hay que hacerlo porque lo permite la Constitución, si es que esto continúa, el ‘estado de excepción’ sería lo correcto para terminar con este problema ahora”, advirtió.
Esta semana, la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, alertó que los bloqueos de carreteras provocan pérdidas de hasta Bs 25 millones por día al sector turístico, con efectos directos sobre el empleo, las reservas y la imagen internacional de Bolivia.
Yáñez indicó que el impacto económico no se limitará a los días de bloqueo, sino que podría extenderse entre seis meses y un año debido a la cancelación de reservas y a las alertas que otros países emiten sobre Bolivia como destino turístico. “Los países comienzan a advertir a sus ciudadanos que el destino Bolivia puede ser un destino complicado”, señaló.
La ministra además explicó que regiones turísticas como Uyuni, Copacabana y Torotoro enfrentan una situación crítica porque gran parte de su economía depende del flujo permanente de visitantes.
Recordando que Bolivia registró en marzo un crecimiento del 16% en turismo respecto al mismo mes de 2025, tras los esfuerzos impulsados por el gobierno del presidente Rodrigo Paz para posicionar al país como destino internacional, la autoridad pidió a los movilizados tener conciencia sobre las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos.
El jueves, tras una jornada marcada por la violencia ejercida por sectores mineros sobre el centro paceño, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que las movilizaciones y bloqueos impulsados por algunos dirigentes responden a intereses políticos vinculados al narcotráfico y buscan “romper la democracia”, mientras ratificó que el Órgano Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo con distintos sectores sociales.
Según Gálvez, Bolivia enfrenta “uno de sus más grandes desafíos históricos” en el que la lucha principal del Gobierno es “eliminar definitivamente los tentáculos del narcotráfico y sus redes criminales internacionales”, estructuras que han sido cobijadas por los anteriores gobiernos durante largos años.
En esa línea, remarcó que en la actualidad existe un intento de desestabilización política a través de medidas de presión que reivindican demandas que, en gran parte, ya fueron atendidas.
//FUENTE: EL DIARIO//
