La Gobernación de Santa Cruz abrió el debate sobre el financiamiento de la alimentación en las cárceles. El nuevo secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, planteó que el Gobierno departamental deje de asumir el pago de los prediarios en recintos penitenciarios, una obligación que —según recordó— corresponde a una competencia nacional vinculada a la administración del sistema correccional.
La propuesta surge en medio de una crisis carcelaria marcada por el hacinamiento, el crecimiento sostenido de la población privada de libertad y la presión económica que supone mantener a miles de internos en condiciones precarias. Solo en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (conocido por Palmasola), el principal penal del país, el costo de la alimentación supera los Bs 72.000 diarios, tomando como referencia un prediario de Bs 8 por interno y una población estimada de 9.000 reclusos.
En entrevista con EL DEBER, Santistevan afirmó que la Gobernación quiere realizar un diagnóstico sobre el uso de recursos de seguridad ciudadana provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Según explicó, parte importante de esos fondos termina destinándose al pago de prediarios, pese a que la administración penitenciaria depende del Ministerio de Gobierno y de la Dirección General de Régimen Penitenciario.
“Esos más de 40 millones (de Bolivianos) que se entregan para las cuestiones del prediario que se da en la cárcel de Palmasola no hay porqué los asuma la Gobernación; es una responsabilidad del Estado”, sostuvo la autoridad, al cuestionar que una institución departamental termine cubriendo gastos de recintos controlados por el nivel central.
El actual esquema legal divide responsabilidades entre varias instancias. El Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario administran las cárceles; la Policía Boliviana se ocupa de la custodia; los jueces de Ejecución Penal supervisan el cumplimiento de las condenas; y las gobernaciones financian los prediarios.
Este esquema fue consolidado en 2005 mediante la Ley 3302, aprobada durante el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé. La norma estableció que las entonces prefecturas departamentales debían financiar el prediario y los gastos de funcionamiento de las cárceles con recursos del IDH, liberando de esa obligación al Tesoro General de la Nación.
Posteriormente, el Decreto Supremo 1854 de 2013, firmado por Evo Morales, determinó que las entidades departamentales serían responsables del pago total de los prediarios.
Legítima demanda
Para Vladimir Peña, ex secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, el debate sobre devolver esa carga financiera al nivel central es legítimo. Recordó que antes de 2005 el gasto era cubierto directamente por el Estado y sostuvo que el sistema actual genera una distorsión en la distribución de competencias.
“Las cárceles son una competencia nacional y debiera quitarse a las gobernaciones este tipo de responsabilidades”, afirmó Peña, quien calificó de “grotesco” que las administraciones departamentales deban cubrir uno de los costos más sensibles del sistema penitenciario, sin participar de las políticas de rehabilitación, infraestructura o reinserción.
La discusión ocurre además en un contexto crítico para el sistema penitenciario boliviano. Según datos oficiales y reportes de la Defensoría del Pueblo, Bolivia registró en 2025 una población penitenciaria de 33.275 personas para una capacidad de apenas 15.598 plazas, reflejando un hacinamiento superior al 105%.
Palmasola concentra gran parte de esa crisis. A diciembre de 2024 el recinto tenía 8.421 internos para una capacidad oficial de 2.762 plazas, por tanto el hacinamiento es del 205%. Durante 2025, distintas autoridades reportaron que la población osciló entre 9.000 y 9.500 privados de libertad.
El ex director departamental de Régimen Penitenciario Juan Carlos Justiniano recordó que el financiamiento compartido de prediarios surgió como un mecanismo de apoyo social para mejorar la alimentación de internos de escasos recursos. Explicó que en 2011 se firmaron convenios entre Régimen Penitenciario y las gobernaciones para cubrir una contraparte del gasto.
Sin embargo, advirtió que el crecimiento de la población carcelaria terminó convirtiendo esa ayuda en una carga económica cada vez más pesada para las administraciones departamentales. “Al ser hoy casi 9.000 internos, ya se vuelve caro el pago”, señaló.
//FUENTE: EL DEBER//
