La justicia determinó anular la sentencia que se dictó en julio de 2024 contra los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), al encontrar defectos procedimentales y defectos absolutos en torno al juicio que abordó los hechos ocurridos en la capital del valle, durante octubre y noviembre de 2019.
El Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de su sala penal segunda, emitió la resolución el pasado 31 de diciembre, pero la notificación recién llegó a los jóvenes cochabambinos que habían recibido sentencias entre 8 a 2 años.
Milena Soto, integrante de la RJC en 2019, destacó que la justicia ya no esté a las órdenes del Movimiento al Socialismo (MAS) y que los jueces comiencen a analizar los procesos judiciales que en su tiempo fueron manipulados por intereses políticos.
La anulación de la sentencia beneficia a Soto que enfrentaba una pena de dos años, así como a Yassir Molina con ocho años, Jaime Maldonado con dos años y los hermanos Favio y Mario Bascopé con seis años, bajo las figuras de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y porte o portación ilícita de armas y otros.
Asimismo, Soto informó que durante esta jornada se instalará el juicio oral con presencia de la exalcaldesa y exsenadora del MAS, Patricia Arce, quien acusó en 2023 a la joven de la RJC, de haber sido parte de las agresoras en su contra durante las protestas de 2019 en Vinto.
“Es la primera vez que voy a ver en la cara a esta persona que ha mentido ante la justicia y que me señaló de haberla golpeado, pateado y cortado el pelo, cuando yo jamás estuve en Vinto en esos días y ni siquiera la conozco a esta señora que es masista”, añadió Soto.
La joven cochabambina afirma que el MAS manejó los casos de forma política para inculpar a los activistas y líderes de la oposición al régimen de Evo Morales, usando a jueces y fiscales con fallos y sentencias a su medida, perjudicando el proyecto de vida de cientos de personas que, como ella, perdieron su trabajo o tuvieron que endeudarse para sostener estos juicios durante más de seis años.
Después de todo este tiempo, los miembros de la RJC salieron de las diversas cárceles donde se encontraban recluidos, aunque todavía mantienen detención domiciliaria. En el caso de Mario “Tonchi” Bascopé, éste solo pudo salir de prisión luego de una larga campaña de denuncia a sus derechos humanos, al comprobar que su estado de salud se deterioró a un grado casi irreversible.
El MAS, a través del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, había señalado a la RJC como un grupo “paramilitar y terrorista” que actuó de forma “violenta y racista” contra las mujeres de pollera en Cochabamba en el “golpe de Estado” a Evo Morales. Hoy, el caso queda anulado formalmente.
